El 27 de enero la explotación de crudo del bloque 43 representó el 12% de la producción de Petroecuador. Relator de la ONU reclama incumplimiento del Gobierno.
El abandono y cierre del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) avanza y la producción de crudo en el lugar se reduce. En el 2024 se cerraron 10 de los 246 pozos del campo petrolero, lo que significó una pérdida de 10.000 barriles diarios. Para el 2025 se planifica el abandono definitivo de otros 48 pozos, que equivalen a una disminución de 15.830 barriles por día en promedio, anunció Óscar Mosquera, gerente de exploración y producción de Petroecuador.
El funcionario presentó el estado actual del ITT durante la exposición del plan de inversiones para el sector de hidrocarburos, el pasado 22 de enero. El campo petrolero está ubicado en la provincia de Orellana, en parte del Parque Nacional Yasuní.
Los números que Mosquera mencionó tienen concordancia con el plan de cierre progresivo y ordenado del ITT que el Gobierno presentó a la Corte Constitucional (CC), en agosto de 2024, en el marco del cumplimiento de la consulta popular de 2023 donde la mayoría de votantes se pronunciaron a favor de mantener bajo tierra el crudo del Yasuní.
El primer pozo fue cerrado el 28 de agosto. El cronograma planteado por el Ejecutivo estima abandonar la totalidad de pozos hasta diciembre de 2029.
En el plan, que fue elaborado por el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, se detalla que el abandono de los pozos se lo realizaría con dos torres de reacondicionamiento (Workover), con un costo de Workover por pozo de US$ 1 millón, con un tiempo estimado de 15 días de operación, dando un total de US$ 246 millones (por los 246 pozos).
Según la planificación, se prevé un costo de US$ 1.345 millones para el cierre y abandono anticipado del ITT, que comprende cinco fases hasta el año 2034.
De los diez pozos cerrados en 2024, dos fueron abandonados en Ishpingo y ocho en Tambococha. Pero además de eso varios pozos tuvieron fallas -como daños de tuberías, daños de bomba y del sistema de levantamiento artificial- y que no están siendo reparados, precisó Mosquera ante inversionistas nacionales y extranjeros.
“El plan se extiende hasta el 2029 donde tendríamos ya que tener cerrado un total de 246 pozos y un poco más de 32 millones de barriles acumulados que dejaríamos de producir por el cierre del ITT”, explicó.
Las actividades de cierre y abandono de pozos en 2025 iniciarán en abril y se extenderán hasta diciembre. Se emplearán dos torres para de reacondicionamiento de pozos para ejecutar las tareas, las cuales deberán ser contratadas hasta marzo.
El bloque 43 sigue produciendo crudo
La explotación de crudo del campo ITT no se ha detenido, aunque su nivel de producción se ha reducido. Esto es motivo de rechazo y reclamo por parte del colectivo YASunidos, que promovió la consulta popular; por ello, la agrupación ambientalista sostiene que el Gobierno ha incumplido el mandato de las urnas.
En 2024 la producción del bloque 43 registró de 17,6 millones de barriles, entre enero y diciembre, un 11,2 % menos que en igual periodo de 2023, cuando se extrajeron 19,8 millones de barriles, según el informe estadístico mensual de Petroecuador.
Al observar el rendimiento de los campos, la producción de Tiputini cayó 21,9 %, Tambococha se contrajo 27,2 %, pero Ishpingo aumentó 10,9%, en comparación con 2023.
El 27 de enero de 2025 el bloque 43 produjo 44.858 barriles, que equivalen al 11,9 % de la producción total de Petroecuador que alcanzó 377.094 barriles diarios, de acuerdo con datos de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH).
Relator de la ONU reclama ante la Corte que las operaciones de crudo continúan en el ITT
Marcos Orellana, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tóxicos y derechos humanos, presentó un escrito de amicus curiae a la Corte Constitucional (CC) relativo a la consulta popular sobre el Yasuní, en el que pone en consideración de la CC estándares internacionales aplicables al cumplimiento de fallos judiciales.
Destaca la importancia de que la Corte Constitucional garantice el cumplimiento de su decisión en el caso de la consulta popular. “El cumplimiento de este fallo es esencial para preservar la institucionalidad democrática y la legitimidad del proceso constitucional de consulta popular”, resume el texto.
El relator enfatiza en que la explotación petrolera en el Yasuní constituye una amenaza significativa tanto para el medioambiente como para los derechos de los pueblos indígenas no contactados.
Además, señala que el Gobierno ha desatendido tanto el fallo de la Corte como la voluntad popular porque las operaciones de crudo en el bloque 43 no se han detenido, a pesar que en agosto de 2024 venció el plazo no mayor a un año que dio la CC para cumplir con la decisión de las urnas.
