A diferencia de los contratos tradicionales, los contratos inteligentes o Smart Contracts son digitales y pueden permitir no solo que personas físicas y jurídicas interactúen, sino también máquinas.

Aunque el Código Civil regula casi todo lo relacionado con los contratos, lo cierto es que la mayoría de personas desconocen los trámites que conllevan y algunos de sus aspectos fundamentales, como que pueden estar sujetos a la interpretación.

A diferencia de los contratos tradicionales, los contratos inteligentes o Smart Contracts son digitales y pueden permitir no solo que personas físicas y jurídicas interactúen, sino también máquinas como un reloj de muñeca o un automóvil. Los Smart Contracts son posibles gracias a la tecnología Blockchain, que también hizo posible la creación de la moneda digital Bitcoin hace más de 7 años.

Otra diferencia con respecto a sus homólogos tradicionales es que los Smart Contracts se ejecutan a sí mismos y funcionan “como un robot virtual” al servicio de las partes. Por ejemplo, un contrato inteligente que fije el cambio de titularidad de una vivienda puede ejecutarse por sí solo liberando un documento previamente firmado de cambio de titularidad. Esto significa que estos contratos son menos dependientes de la interpretación, ya que no es necesario que alguien los interprete y ejecute.

Esta reducción de la dependencia en su interpretación convierte a los Smart contracts en una solución especialmente atractiva para empresas que operan en múltiples jurisdicciones, como sucede en Internet.

“Algunas compañías de logística necesitan fijar el reparto de una cantidad de dinero a favor de un beneficiario cuando ocurre algo como por ejemplo la entrada de un barco de transporte a puerto. Un Smart Contract permite ahorrar dinero y ofrece más garantías a estas empresas que un contrato tradicional porque no está sujeto a la interpretación en distintas jurisdicciones” declara Alberto Gómez Toribio, experto en Smart Contracts en Grupo Barrabés.

Los Smart Contracts pueden mejorar los procesos internos de las empresas ahorrando miles de millones de euros. Así lo aseguran entidades financieras como BBVA o Banco Santander, que recientemente han publicado informes avalando el potencial de estos contratos.

Pero además de revolucionar a las empresas, los Smart contracts también prometen transformar muchos trámites civiles. Alberto Gómez es una de las primeras personas en firmar un testamento inteligente en España. Un testamento inteligente es un un Smart Contract que se ejecuta cuando una persona fallece, repartiendo los bienes digitales del fallecido o publicando información.

“Un Smart Contract no puede entregar un bien inmueble a un beneficiario, sin embargo sí que puede resolver la firma digital para realizar un cambio de titularidad. Mi testamento inteligente funciona como un robot virtual a mi servicio que liberará información si fallezco”, indica Alberto Gómez.

Internet es el verdadero nicho de los Smart Contracts según Pablo Fernández Burgueño, abogado y socio de la firma legal Abanlex. “La primera empresa con la que trabajamos en Smart Contracts fue la compañía fundada por Alberto Gómez: Coinffeine. Se fundó en 2014 y fue respaldada por inversores como Bankinter para permitir intercambiar dinero digital entre particulares” declara Pablo Fernández.

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Este nuevo tipo de contratos abre un nuevo abanico de posibilidades en internet, pero también implica nuevos retos. Dado que un Smart Contract dispone de autonomía, pueden surgir situaciones que no se han dado hasta ahora. “Una persona podría liberar uno de estos “robots virtuales” o Smart Contract con la capacidad de crear contratos que le vinculen.

En este escenario, el smart contract podría firmar, de forma automática y en su nombre, acuerdos con terceros. Lo haría sin que la persona pudiera tener la oportunidad de valorar la aprobación de cada uno de ellos por separado antes de su formalización. Ninguna de las partes podría cancelar o resolver los contratos y ambos se verían abocados a tener que aceptar que se ejecuten, aunque no lo deseen, aunque las leyes hayan cambiado y la ejecución sea ilegal o aunque no conozcan realmente quién es la otra parte firmante”, indica Pablo Fernández. Por ejemplo: si alguien usa un smart contract para convenir con un tercero la entrega de información financiera en 2020 y más tarde se regula que esa información es confidencial y su entrega es ilegal, llegada esa fecha, el contrato se ejecutaría sin más, y la información se entregaría. En este caso, ninguna de las partes habría tenido la más mínima posibilidad de impedir la comisión de ese acto ilícito.

Se estima que en 2017 habrá más de 25 billones de dispositivos conectados a internet susceptibles de formalizar este tipo de contratos inteligentes entre sí, y este escenario brinda un prometedor futuro a las empresas especializadas en esta tecnología.