La licencia social es prioridad en obra pública e inversión privada, afirma Cuauhtémoc León, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Ciudad de México.- La Universidad Iberoamericana, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, establecieron una alianza para crear el Laboratorio de Solución de Conflictos Socioambientales.

Su objetivo es ofrecer un espacio de diálogo que sirva como un lugar para buscar acuerdos en los problemas entre inversionistas y/o gobiernos con comunidades que pudieran verse afectadas en sus bienes privados, comunales o su entorno, con la ejecución de proyectos de inversión u obra pública.

En entrevista, el Director Ejecutivo del Cemda, Cuauhtémoc León destacó, en la actualidad, la mayoría de los proyectos de inversión y de obra pública que tienen que ver con recursos naturales y territorios rurales enfrentan una fuerte resistencia social, incluso cuando cuentan con todos los permisos y trámites en regla.

En entrevista dijo que eso se debe a que para ejecutar ese tipo de obras se necesita la licencia social, que es permiso de las comunidades locales que pueden resultar afectadas por los proyectos.

Tan solo en el sector del medio ambiente, de acuerdo con cálculos de la Secretaría del Ramo, hay en estos momentos alrededor de 500 conflictos en activo. Explicó que eso es reconocido y aceptado ya en el mundo por la banca internacional, como un elemento que garantice el éxito de las inversiones.

En el caso específico de México, Cuauhtémoc León comentó que es necesario reconocer que el país cambio y que las resistencias sociales de los distintos territorios, principalmente los rurales surgen porque las comunidades ya no reconocen como válidas las formas en que antes se imponían las grandes obras.

Lo que sucedía es que el gobierno se encargaba de controlar las movilizaciones sociales, además de que las comunidades no estaban tan organizadas como ahora.

De ahí la importancia de contar con un espacio como el mencionado laboratorio, sobre todo cuando las partes en conflicto no encuentran un lugar donde dirimir sus diferencias o que están tratándose mediante el conflicto en el espacio público o ante tribunales.

En este sentido, dijo que la Universidad Iberoamericana puede considerarse un espacio neutro en el que pueden reunirse las partes.

Mencionó que muchos de los conflictos ambientales tienen muchos componentes culturales y de percepción que podrían estar exagerando, por ejemplo, asuntos relacionados con el impacto ambiental de ciertos proyectos.

Ante situaciones como esa, el laboratorio podría convocar a académicos especialistas, por ejemplo, en bosques, agua, que pueden ofrecer evidencia del grado de impacto con base en información validada por expertos. Además, contarán con la ayuda de facilitadores, expertos en la negociación con comunidades.

Cuauhtémoc León recalcó que en estos momentos no existe un espacio como este y el gobierno no tiene la calidad moral para servir para ello, cuando podría estar actuando aparece como una de las partes interesadas o simplemente ante los ojos de la gente no tienen la neutralidad que antes se le confería para este tipo de asuntos.