Diputados chilenos establecen que Corfo no fiscalizó el debido cumplimiento de las rentas de arrendamiento de sus pertenencias mineras y que hubo negligencia por parte de diversas entidades estatales respecto a la extracción, exportación y sustentabilidad ambiental en la explotación.

Los diputados que investigaron los detalles y el contexto del contrato suscrito entre Corfo y Soquimich, para ampliar durante 30 años la explotación del Salar de Atacama, concluyeron que el Estado de Chile ha sido negligente en la supervisión de la explotación de este mineral no metálico, lo cual ha redundado en una serie de incumplimientos por parte de SQM.

En el texto se establece que Corfo no fiscalizó el debido cumplimiento de las rentas de arrendamiento de sus pertenencias mineras y que hubo negligencia por parte de diversas entidades estatales respecto a la extracción, exportación y sustentabilidad ambiental en la explotación.

Esta ausencia de control es tal, que al menos hasta el año 2015 no hubo control ni una trazabilidad adecuada en el Servicio de Aduanas, respecto a lo que efectivamente se exportó como litio desde el lugar en cuestión.

El presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, explicó los alcances de la negligencia estatal que consigna el informe de mayoría aprobado en la instancia.

“Se establece la negligencia estatal en la fiscalización del litio respecto de diversos órganos”, manifestó.

Sobre los términos del contrato entre Corfo y SQM, el diputado Pablo Vidal cuestionó que la opción adoptada por la corporación estatal haya sido una ampliación, cuando los efectos ambientales de aumentar la cuota de extracción en favor de Soquimich hacían exigible un nuevo estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, un nuevo contrato entre ambas partes.

“Muchas de esas nuevas materias debieron haber sido sometidas a un nuevo contrato”, sostuvo.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional Francisco Eguiguren señaló que el apuro en la firma del nuevo acuerdo, durante el gobierno anterior, se explica por la intención de terminar rápidamente con investigaciones judiciales por el financiamiento ilegal de la política y varios hechos de corrupción protagonizados por la minera no metálica.

“Se quiso tapar a gente, se quiso tapar información que se relacionaba con todo el negociado”, acusó.

Pero la diputada radical Marcela Hernando, aunque reconoció que el informe sostiene diferencias respecto a las responsabilidades políticas -que finalmente no se consignan en el texto-; destacó que existe consenso global entre los integrantes de la comisión respecto a que Corfo no tiene las capacidades ni las competencias para fiscalizar el cumplimiento de los contratos.

Además de sus conclusiones, la instancia elaboró una serie de propuestas que apuntan, principalmente, a mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento del acuerdo entre SQM y Corfo, para lo cual plantean solicitar al Presidente de la República que ordene reinstaurar el Comité de Minería no Metálica.

Además, la creación de una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores para el debido cumplimiento de las normas legales por parte de las empresas que explotan el Salar de Atacama.