La Superintendencia de Transporte anunció que la empresa deberá pagar $414.058.000 (US$123.962), lo que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Uber Colombia deberá pagar $414.058.000 (US$123.962), que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (multa máxima establecida para esta clase de conductas) por facilitar y promocionar –a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole – la prestación de servicios de transporte no autorizado en el país.  Desconociendo una vez más la orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en la que pedía a la empresa cesar esta conducta.

La Superintendencia de Transporte solicitó explicaciones a Uber Colombia, el pasado 6 de diciembre, sobre el presunto incumplimiento de la orden expedida previamente por la entidad de cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados.

Ante la solicitud de explicaciones, que surgió como consecuencia de múltiples denuncias de actores del sector, "la sociedad no demostró que habría dejado de ejecutar actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros".

"Contra la decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa", explicó la Superintendencia a través de un comunicado.

Cabe recordar que fue precisamente por facilitar la prestación de servicios ilegales, que la Supertransporte impuso en 2015 y 2017 sanciones a Uber Colombia. 

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El octubre, Uber informó sobre el retiro de una inversión de US$40 millones en Colombia para la construcción de su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica, que iba a ser inaugurado en 2020 y generaría 600 empleos directos en Bogotá.

La compañía aseguró que tomó la decisión “a causa de los seis años en los que llevamos buscando una conversación regulatoria que nos lleve a una estabilidad jurídica en el país, pero que no ha avanzado".