La vía ferroviaria multinacional, valorado en US$14.000 millones, consta de 3.755 kilómetros, de los cuales 3.000 están construidos pero deben ser rehabilitados, mientras que 755 deben ser ejecutados en Bolivia y Perú. El proyecto cuenta con el respaldo de ambos gobiernos y consorcios europeos.

La Paz. En los últimos tres años, el Gobierno suscribió ocho memorándums de entendimiento y tres declaraciones con cuatro países sudamericanos y cinco europeos, además de una provincia argentina, que respaldan la ejecución del bioceánico.

El proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) “que Bolivia propuso tiene una data de hace seis años. El estudio de factibilidad fue concluido en 2016 y a partir de esa fecha se tuvieron reuniones de consolidación de alianzas con los diferentes países”, recordó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.

Información proporcionada a este medio por esa cartera de Estado ante un requerimiento de todos los acuerdos alcanzados en el marco del proyecto muestra que las alianzas se comenzaron a sellar en octubre de 2015. Ese mes se iniciaron las declaraciones de intenciones o declaraciones conjuntas.

La primera fue con Austria, para la cooperación industrial en el sector de la tecnología de infraestructuras; la segunda con Alemania (marzo de 2017), para “seguir concretando” el corredor ferroviario; y la tercera con el Gobierno de la provincia argentina de Jujuy (julio de 2017).

Los memorándums de entendimiento fueron logrados con Perú (noviembre de 2016), para promover la viabilidad del proyecto; con Paraguay (enero de 2017), para la realización de estudios preliminares sobre la interconexión ferroviaria entre las localidades de Roboré y Puerto Carmelo Peralta; con Uruguay (abril de 2017), para promover la viabilidad del corredor; con Brasil (diciembre de 2017), para el CFBI; con Austria (diciembre de 2017), para la cooperación en educación y ciencia; con Suiza (diciembre de 2017), para “la realización” del bioceánico; con el Reino Unido (marzo de 2018); y con España (agosto de 2018), en el ámbito de las infraestructuras y transportes.

Esos documentos, sin embargo, son “preliminares” y permitirán lograr acuerdos bilaterales o multilaterales definitivos, aclaró el excanciller Javier Murillo.

Los memorándums de entendimiento y las declaraciones, explicó, manifiestan un “principio de voluntad política” para llevar adelante un proyecto y no son todavía “tratados y contratos” que tengan una fuerza jurídica exigible.

Son escritos que “registran la voluntad, la buena fe de las partes para realizar trabajos conjuntos y llegar a acuerdos que generan un principio de compromiso entre los países que suscriben estos documentos”, añadió.

Karen Longaric, analista internacional, coincidió que estos compromisos expresan la posibilidad de concretar un acuerdo.

“No son documentos finales y están sujetos a una concreción posterior a través de un acuerdo bilateral o multilateral. No tienen una fuerza obligatoria categórica de cumplimiento. Son documentos preliminares orientados a concreción definitiva por los órganos Ejecutivo y Legislativo de cada país sobre una materia determinada”, indicó.

Brasil, Bolivia y Perú son la columna vertebral del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, al que se sumaron Paraguay y Uruguay con una integración multimodal a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.

La vía ferroviaria multinacional consta de 3.755 kilómetros, de los cuales 3.000 ya fueron construidos, aunque deben ser rehabilitados, mientras que 755 deben ser ejecutados en Bolivia y Perú, proyectos que ya cuentan con el respaldo de ambos gobiernos y consorcios europeos que manifestaron su intención de participar en el corredor.

Estas características y otras de peso económico, según Claros, hacen al proyecto boliviano más viable que la propuesta chilena, que pretende unir el Atlántico y el Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, para lo cual falta construir 1.448 kilómetros de líneas férreas.

Además, destacó, el proyecto boliviano de US$14.000 millones cuenta con estudios de factibilidad; el respaldo del Mercado Común del Sur (Mercosur), a través de una declaración conjunta de la Cumbre de Jefes de Estado y de Estados Asociados de julio de 2017; y un diagnóstico de diciembre del año pasado del Consejo Sudamericano de Integración y Planteamiento de la Unasur, que identifica al CFBI como la mejor propuesta para la región.