Tras el informe final, la Dirección de Transparencia Corporativa de la estatal boliviana YPFB se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y se recomendó instaurar un proceso administrativo en contra de los empleados vinculados al caso de corrupción.

La Paz. La Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB confirmó en su informe final que hubo responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios” en la contratación de un seguro general para la petrolera estatal. Por esta razón, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y se recomendó instaurar un proceso administrativo en contra de estos empleados.

La información la dio a conocer el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, quien indicó en conferencia de prensa que “el tema de los seguros queda definitivamente concluido”.

El 7 de abril, YPFB amplió el plazo de la licitación de seguros generales de YPFB. Sin embargo, dos días después, la petrolera estatal decide cancelar el proceso de licitación y determina la contratación directa al amparo del decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El 14 de abril, según un reportaje publicado por Cabildeo Digital en su portal de internet, La Boliviana Ciacruz, otra de las compañías que había concursado en la licitación pública, objeta la adjudicación y el 15 de abril demanda que se revierta “la orden en Firme” otorgada a Credinform International, bajo advertencia de tomar acciones legales en caso de no hacerlo.

Cinco días después, el 20 de abril, YPFB notificó a Credinform que no seguiría adelante con el contrato y, el 21 de abril, comunica a La Boliviana Ciacruz la ampliación, por 60 días, del contrato que esta compañía ya venía ejecutando desde la gestión 2019.

Debido a estas irregularidades y a otras denuncias como la compra de combustibles y alimentos con sobreprecio es que se decide la destitución, el 7 de mayo, del entonces presidente interino de YPFB, Herland Soliz, quien un día antes había renunciado a su cargo, pero sin haberlo oficializado, como el mismo declaró a medios locales de Santa Cruz.

Autoregulación. Roncal aclaró que las entidades autárquicas con autonomía, como YPFB, tienen las facultades de autorregularse y de realizar procesos de contratación, y el Ministerio de Hidrocarburos tiene otras atribuciones y competencias.

“Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente el de fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior, más no así asumir la potestad de realizar contratos de las entidades autárquicas y autónomas del sector”, señaló el funcionario.

Roncal informó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según a los artículos 361, 362 y 365 se la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley de Hidrocarburos 3058.

Aclaró que YPFB está facultada exclusivamente por la Carta Magna y todas las disposiciones legales vigentes a realizar cualquier tipo de contratos relacionados a su competencia, que es la cadena productiva hidrocarburífera y comercialización de hidrocarburos.

Roncal explicó que la propia CPE y la Ley de Hidrocarburos sujetan a YPFB y otras entidades a la tuición del Ministerio de Hidrocarburos.

“El Artículo 27 de la Ley Safco establece dos tipos de control, el interno, que es previo y está a cargo de las unidades de auditoría interna, y el control externo posterior de las entidades bajo tuición, que es en este caso la entidad pública que es YPFB, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos”.

Proceso. Roncal añadió que en el caso concreto de los procesos de contrataciones realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, “por el conocimiento obtenido en los medios de comunicación, por los que algunos cuestionaron el proceso de contratación de seguros por YPFB”, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de esa cartera ministerial hacer el seguimiento e investigaciones de esas denuncias.

Esta unidad, a su vez, comunicó aquella instrucción a la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, que realizó el proceso que corresponde a las denuncias en el marco de la Ley 974.

“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra”.

Roncal informó que partir de aquí, queda concluido en lo que al Ministerio de Hidrocarburos respecto al procedimiento legal de investigación establecido por la normas citadas, estando en manos de la Fiscalía y del Órgano Jurisdiccional establecer la posible responsabilidad y sanciones de los funcionarios denunciados, no pudiendo la Unidad de Transparencia realizar ningún acto procesal dentro de esos trámites, por mandato de la propia ley.

En lo administrativo, el Director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros.

El primero bajo la modalidad de contratación directa, mismo que —aclaró— fue declarado concluido en mérito a que el proceso quedó interrumpido como efecto de la emergencia sanitaria y cuarentena decretada en el país.

A partir de allí, según Roncal, YPFB inició un nuevo proceso de contratación, pero esta vez bajo la modalidad de contratación por emergencia, que es el proceso que fue cuestionado y también declarado concluido. “En ninguno de estos procesos se llegó a suscribir contrato de adjudicación”, afirmó.

Informó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes, con código DCO-EPNE-GAFC-47-20, proceso al que haremos estricto seguimiento a efecto de garantizar la total transparencia en la que se encuentra empeñado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Invitamos públicamente a la ciudadanía, a los medios de prensa y a las empresas que desean participar a hacer el seguimiento de este proceso, para que todos garanticemos su legalidad y transparencia”, finalizó Rocal, según una nota de prensa publicada en el portal de internet del Ministerio de Hidrocarburos.