Washington puso en práctica este 2 de mayo una sección de la Ley Helms-Burton, que le permite a los ciudadanos presentar demandas en cortes de EE.UU. contra las compañías extranjeras que hacen negocios con La Habana en propiedades incautadas tras la revolución de 1959.
La Habana. Carnival Corp se convirtió este jueves en la primera empresa demandada en un tribunal estadounidense por beneficiarse de una propiedad cubana expropiada, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de imponer nuevas sanciones contra la isla por lo que califica como su apoyo a Venezuela.
Washington anunció el mes pasado que pondría en práctica el 2 de mayo una sección de la Ley Helms-Burton de 1996, aumentando la presión sobre los gobiernos socialistas de Venezuela y Cuba.
Bajo el Título III de la ley, suspendido por anteriores presidentes -incluyendo a Trump en 2017 y 2018-, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra las compañías extranjeras que hacen negocios con La Habana en propiedades incautadas tras la revolución de 1959.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Miami por Javier García Bengochea y Mickel Behn. El primero dice tener el título del puerto en Santiago de Cuba y el segundo un documento que lo acredita como propietario del puerto de La Habana, usados por líneas de cruceros de Estados Unidos. Ambos son descendientes de los dueños originales.
Nick Gutiérrez, un abogado que asesora a los reclamantes, dijo en una entrevista telefónica que el Título III recomienda que los propietarios originales notifiquen a los acusados 30 días antes de presentar la demanda.
Carnival fue debidamente notificado y por tanto la demanda se ha presentado este jueves. Pronto se presentarán más acciones, agregó Gutiérrez esta semana a Reuters.
"Sé que el doctor Bengochea ha estado en contacto con Carnival y luego demandará a otras empresas incluyendo a Royal Caribbean y Norwegian Cruise Lines", añadió.
Carnival no quiso hacer comentarios sobre la demanda, excepto para decir que continúa con sus cruceros a Cuba de manera normal.
Cuba sostiene que el Título III viola el derecho internacional debido a que la nacionalización de la propiedad en la isla era legal y los actuales cubano-estadounidenses reclamantes en aquel entonces no eran ciudadanos de Estados Unidos.
En la década de 1960, todas las demás naciones con propiedades en la isla liquidaron los reclamos. Pero 5.913 casos de Estados Unidos no se resolvieron debido al embargo comercial de hace casi seis décadas.
Canadá, la Unión Europea y otras naciones argumentan que Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre la actividad de sus ciudadanos en Cuba y anunciaron que llevarán el tema a la Organización Mundial de Comercio.
