Aunque fue ordenada la suspensión del servicio, la plataforma apeló la decisión. El Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil, ahora tiene la palabra. Mientras tanto, la aplicación sigue funcionando.

Bogotá.- Luego de la orden de suspensión de servicio para Uber, las reacciones a favor y en contra de analistas e influyentes figuras del sector TIC no se hicieron esperar. Esto después de la decisión de este viernes, 20 de diciembre, que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia.

Vale la pena recordar que, en palabras de la SIC, la entidad explicó que "en ejercicio de funciones jurisdiccionales, resolvió la demanda interpuesta por Cotech S.A. en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S., y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte".

La Superintendencia dijo, en un principio, que este cese afecta directamente "la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades 'Uber' 'Uber X' y 'Uber VAN', por medio de la utilización de la aplicación tecnológica 'Uber' en el territorio colombiano". 

Sin embargo, Uber apeló la decisión de inmediato y por esto la cuestión queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que en su sala civil deberá decidir sobre esta cuestión. "Uber apeló inmediatamente este fallo con el fin de proteger sus derechos y los de una comunidad de más de dos millones de personas que utilizan la aplicación, y que resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno defiende y promueve", dijo la empresa mediante un comunicado difundido el mismo viernes.

En rueda de prensa hecha el viernes, el propio superintendente de Industria y Comercio, aseguró que lo que sigue es que "Cotech S.A. (una compañía que, según su propio sitio web, le presta servicios de telecomunicación a Taxis Libres) debe tomar la sentencia, demandar ejecutivamente el cumplimiento y el Tribunal Superior de Bogotá, en este caso, dirá qué tiene que cumplir o no Uber". Así las cosas, al haber apelado y mientras se resuelve este embrollo legal, los usuarios podrán seguir utilizando el servicio de transporte que presta esta plataforma.

El superintendente aclaró que son dos empresas que se demandaron. "Fue apelada la sentencia. Si usted va a utilizar el servicio está funcionando normalmente. Es un compromiso particular entre dos compañías que se están demandando y el juez le dio la razón a una". 

Opiniones a favor y en contra. Expertos han dado a conocer su postura sobre la decisión de la SIC. Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja, se mostró a favor de la medida. Aseguró a través de su cuenta de Twitter que, al tratarse de un fallo judicial, el Gobierno no tiene injerencia en esa situación. Además, aclaró que aunque existen sinergias entre las nuevas tecnologías y la economía naranja, que tanto ha promovido el actual Gobierno, no son lo mismo. Esta opinión, a su vez, ha despertado voces de desconcierto y protesta porque, como escribió un usuario de esta red social "ahora resulta que el Gobierno escoge qué le suena a economía naranja de acuerdo al día".  

Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, que no se sumaron al paro que empezó el pasado 21 de noviembre porque aseguraron que el Gobierno les estaba cumpliendo, le agradeció al presidente de la República, Iván Duque, y afirmó que tanto la SIC como la Superintendencia de Transporte están "de la mano de la legalidad". 

Por su parte, Víctor Muñoz, experto en sector TIC y columnista de este diario, dijo que "en 2020 debemos avanzar en mecanismos de regulación inteligente manteniendo siempre el principio de neutralidad tecnológica, legalidad, habilitación sectorial y beneficio al usuario. Sandbox regulatorios, mesas técnicas y datos abiertos son el primer paso".

En la otra orilla se encuentra David Luna, exministro TIC, quien afirmó que es un fallo que atenta contra la democracia y los derechos del consumidor. "Bajo esa lógica, absurdamente, van a tener que suspender Netflix, Airbnb, Amazon y OLX, entre cientos de otros que prestan servicios. La tecnología va más rápido que la legislación, hay que adaptarse. La innovación y la tecnología contenida en las aplicaciones prestan servicios para facilitar la vida de los ciudadanos, no la de monopolios".

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Además, agregó que el principio de neutralidad de red que consagra la ley colombiana busca garantizar que el consumidor tenga derecho a escoger el mejor servicio. "Esta decisión se asemeja a una 'gabela' tributaria para un sector que no quiere competir ni pensar en los ciudadanos". 

El congresista Mauricio Toro, de Alianza Verde, concuerda con Luna respecto al principio de neutralidad que la decisión no estaría cumpliendo. También dijo la decisión de la SIC sobre Uber "la recibimos con mucha preocupación porque refleja una incompetencia del Estado y el Gobierno por reglamentar las plataformas de transporte de pasajeros, que llegaron para quedarse, son una realidad mundial. En Colombia operan seis y se esperan otras siete, que generan oportunidades de empleo para muchas personas. Lo que hay que hacer aquí es reglamentar de una manera contundente ese mercado".

También mencionó que ha insistido en necesidad de crear una igualdad de condiciones entre apps y taxis, "por eso presentamos el Proyecto de Ley 292 para regular servicio de transporte mediante plataformas. Pero una ley toma su tiempo. Iván Duque y Mintransporte se han quedado 15 meses en solo anuncios y discursos". 

¿Qué pasó con Picap?. Este sábado, luego de la decisión de Uber, la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, anunció que la entidad sometió a control a CAP Technologies S.A.S, que utiliza la herramienta tecnológica Picap para la prestación ilegal del servicio público de transporte.

La entidad también anunció que comprobó que la actividad de Picap es ilegal porque no se encuentra habilitada para prestar el servicio público de transporte y, "además, porque la ley prohíbe el transporte de pasajeros en motocicleta".