La Auditoría Superior de la Federación sostuvo que casi todas las compras hechas por la administración de AMLO no cumplen con la normativa mínima. En su informe destacan que de los casi US$ 200 millones que costará el proyecto de la refinería Dos Bocas, alrededor de un 2% de la inversión tiene destino inverificable, además de carecer de estudios ambientales.

Desde el arranque de las licitaciones para sus 17 plantas de proceso, luego de la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) la Auditoría Superior de la Federación encontró “fuera de norma” prácticamente todas las adquisiciones que el gobierno federal ha ejecutado para la construcción de la refinería de Dos Bocas.

El informe, argumenta que esta que carece de análisis de riesgos ambientales y de inundaciones, además de que podría retrasar su entrada en operación y tiene 75 millones de pesos, alrededor de US$ 3,63 millones (o sea, casi 2% de la inversión que ha obtenido) cuyo destino no se ha podido verificar.

De acuerdo con el órgano auditor del Congreso, la premura para el arranque de la construcción de esta obra en Paraíso, Tabasco, impidió que se especificaran medidas de mitigación para contrarrestar la afectación ambiental en la zona, que se encuentra en constante riesgo de inundaciones.

Mediante seis auditorías distintas realizadas a la obra y que incluye gestión financiera, impacto ambiental y social, que fueron presentadas en la tercera entrega de informes de Cuenta Pública 2019, se reveló que la nueva refinería, con una capacidad de 340.000 barriles diarios de proceso de crudo, ha recibido una inversión de casi US$ 196,79 millones.

De este monto, se concluyó que US$ 3,63 millones, equivalentes a casi 2% del total ejecutado, corresponden a pagos no aprobados o que no corresponden a los servicios o el volumen de productos entregados, lo que la ASF consideró un daño al erario que PTI, la subsidiaria de Pemex Transformación Industrial encargada de la obra no pudo explicar. 

En tanto, la ASF detalló que ya arrancadas las obras, Pemex encontró 103 riesgos, de los cuales 30% estaban relacionados con la adecuación del sitio y el resto con otros eventos, aunque posteriormente se detalló que no se evaluaron los efectos derivados de los riesgos ambientales presentes en la zona en la que se está construyendo el proyecto, “en particular el riesgo de inundabilidad de la zona”.

Y es que según los hallazgos de la ASF, el proyecto de inversión advertía que “el sitio presentaba lluvias abundantes en verano, tenía un alto riesgo de inundaciones, el suelo era salino y arenoso, constantemente debían dragarse las terminales del puerto, y existían áreas de poca altitud que podían erosionarse provocando alteraciones del lugar”.

Por tanto, se consideró necesario que previo al arranque de la construcción, la Semarnat elaborara estudios sobre los impactos y riesgos ambientales, así como la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), el Estudio Técnico Justificativo y el Estudio de Riesgo Ambiental, pero la Auditoría identificó que se iniciaron los trabajos de construcción de la refinería, a pesar de que los análisis de los impactos ambientales eran preliminares.

Finalmente, se señala como omisión dentro de la ejecución de la obra es la administración gerencial y gobernanza y conducción del proyecto, que por parte de la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo podrían ser insuficientes para llevar a cabo una adecuada planeación, ejecución y supervisión, luego de que se definió un cambio en el responsable de Pemex Transformación Industrial a la filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID) para facilitar la terciarización de servicios.