Las empresas cubanas, CIMEX y la Unión Cuba Petróleo "han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse" del reclamo que hizo ExxonMobil por una refinería nacionalizada por el gobierno de la isla en 1960.

La Habana. Dos empresas cubanas, CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo, defenderán sus intereses en una corte federal de Estados Unidos ante una demanda de la multinacional ExxonMobil, anunció este lunes un medio oficial de la isla.

Ambas compañías "han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse en una corte federal del distrito de Columbia, en Estados Unidos", informó el portal Cubadebate.

ExxonMobil hizo pública su demanda en mayo último, y reclama más de US$70 millones en compensaciones por una refinería nacionalizada por el gobierno de la isla en 1960, un año después del triunfo revolucionario que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista.

Este consorcio es heredero de dos empresas que operaban en Cuba en esa fecha, la Standard Oil y dos ramas de Esso, la matriz latinoamericana y la filial local Esso Cuba.

Entre las propiedades reclamadas se encuentran dos refinerías y distribuidoras de crudo y más de un centenar de expendios de gasolina, según el texto de la demanda interpuesta en un tribunal federal en el distrito de Columbia, que abarca la capital, Washington DC.

Cubadebate recordó que "esta no será la primera vez, ni es inusual", que empresas cubanas defiendan sus intereses en el sistema judicial norteamericano, y recuerda que desde 1960 ha ocurrido en más de 40 oportunidades, "así lo han hecho y han obtenido veredictos favorables en varios casos".

El gigante petrolero estadounidense fue la primera gran corporación en demandar a empresas cubanas ante un tribunal de EE.UU. al amparo de las prerrogativas que ofrece el Título III de la ley Helms-Burton, activado el 2 de mayo.

Ese capítulo de la legislación permite a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas judiciales en tribunales de la nación norteña contra compañías o personas que usen bienes confiscados por el gobierno cubano a ciudadanos o empresas de EE.UU. después de 1959.

También la Ley, promulgada en 1996 con William Clinton en la Casa Blanca, castiga a firmas extranjeras que realicen negocios en Cuba y niega el ingreso a territorio estadounidense de directivos de esas empresas.

Desde la aprobación de la Helms-Burton hasta la fecha, la aplicación de tal segmento siempre fue prorrogada por períodos de seis meses.

"El Estado cubano ha reiterado en múltiples ocasiones que la ley Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, y que no le reconoce ni reconocerá efecto jurídico alguno, por el contrario, promoverá cuantas acciones se entiendan necesarias para impedir su aplicación", sentenció el texto de Cubadebate.

Cuba sostiene que las nacionalizaciones aplicadas por el gobierno revolucionario se llevaron a cabo amparadas por leyes y en conformidad con el Derecho Internacional, y todas contemplaron procesos de compensación "justa y adecuada" que la Casa Blanca se negó a considerar.