A principios de abril, finalizó el plazo para presentar ofertas vinculantes, con la sorpresa de que no había ningún socio español interesado por Deoleo.
Universia Knowledge Wharton. El proceso de venta del 31,4% del capital del líder español del aceite de oliva Deoleo parecía sencillo. Como consecuencia de la reestructuración bancaria y la nacionalización de algunas entidades financieras españolas, Bankia y BMN estaban obligadas a desprenderse de sus participadas industriales, entre las que se encontraba Deoleo. Cuando anunciaron que tenían intención de salir del accionariado de la compañía, se sumaron al proceso otras entidades del país, como CaixaBank y Kutxabank. Entre todas, sumaban 31,4% del capital de la compañía, lo que obligaría al comprador a lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el cien por cien de la compañía, ya que la legislación española obliga a lanzar una opa cuando cualquier inversor supera el 30% de una empresa cotizada.
A principios de abril, finalizó el plazo para presentar ofertas vinculantes, con la sorpresa de que no había ningún socio español interesado por Deoleo. En total, se recibieron cinco ofertas: cuatro procedían del capital riesgo (Carlyle, CVC, Rhone y PAI Partners), y una quinta de una sociedad llamada IQ MIIC, una joint venture formada a partes iguales por el Fondo Strategico Italiano y Qatar Holding, ambos controlados por los gobiernos de sus respectivos países. Precisamente, fue ésta última oferta la que desató la polémica, ante el miedo de que italianos y qataríes se hicieran con el control de la compañía y la trocearan o se llevaran la sede fuera de España, acabando así con la nacionalidad de marcas históricas en el mercado del aceite como Koipe o Carbonell. Muchos veían en esta oferta un intento de Italia de recuperar enseñas de su propio mercado, como Bertolli o Carapelli, propiedad de Deoleo tras adquirírselas a la multinacional de bienes de consumo Unilever en 2008.
A pesar del esfuerzo que hizo IQ MIIC por asegurar que su oferta incluía que mantendría la sede de la compañía en Madrid, que no la sacaría de bolsa y que no despediría a ningún empleado, el gobierno que preside Mariano Rajoy aseguró que garantizaría la españolidad de Deoleo y que, incluso, entraría en el capital de la compañía a través de la SEPI, el holding estatal a través del que España controla las empresas en las que participa.
Durante una semana, políticos españoles e italianos han salido a la palestra para defender sus respectivas posturas. Unos para pedir que se respete la libertad de mercado y otros para defender su intervencionismo cuando se trata de sectores estratégicos. Finalmente, se ha impuesto el fondo británico CVC en la puja, ya que su oferta es la más alta, aunque no venderán todos los bancos que tenían previsto hacerlo, ya que el gobierno ha pedido a alguno, como CaixaBank, que se mantengan en el accionariado para garantizar la españolidad de la compañía, e incluso se sigue especulando con la posibilidad de que la SEPI entre en los próximos meses en el capital de Deoleo. Los fondos que han participado en el proceso, aunque no han querido pronunciarse oficialmente, sí han mostrado su malestar por la injerencia del gobierno, al que acusan de no garantizar la libertad de mercado necesaria para atraer la inversión extranjera. ¿Tan importante es el sector del aceite para que España se juegue su imagen internacional entre la comunidad financiera?
La relevancia estratégica. “El aceite es uno de los sectores estratégicos de la economía española, probablemente una de las joyas de la corona en el sector agroalimentario, junto al vino y las frutas y hortalizas”, asegura el profesor asociado de finanzas y negocios internacionales en el campus de Madrid de ESCP Europe, George Morgan. Y añade que “probablemente España es el país que produce el mejor aceite de oliva virgen del mundo y el modelo de explotación ha sido imitado por otros países productores e incluso por China, que ya ha plantado olivos españoles en su territorio y aspira a imitar los pasos de la industria del aceite, como ya ha hecho con otra de las joyas gastronómicas españolas, el jamón”. De hecho, según Sebastián Rodríguez-Correa, consultor deNielsen, el mercado del aceite mueve cerca de 1.200 millones de euros anuales sólo en España y, el líder del sector, es Deoleo.
Joaquín Garralda, profesor de Estrategia de IE Business School, coincide al señalar que el aceite no es sólo muy importante en la economía nacional, sino que además “está ligado a la marca España”, por lo que si la empresa más importante del sector cayera en manos extranjeras, “perderíamos la oportunidad de mantener la marca España en un producto en el que somos líderes mundiales”. El problema, según este experto, es que “el aceite de oliva es un producto en el que un país se posiciona a largo plazo, es decir, no se puede crecer poniendo, por ejemplo, una fábrica en China, sino plantando árboles que tardan años en dar fruto”. Además, hay regiones de España, como Jaén, cuya economía depende de este mercado. Tampoco hay dudas sobre su importancia económica, ya que “dentro de los aceites, el de oliva es el protagonista indiscutible de la categoría, ya que representa el 64% en volumen y un 80% en valor”, según el consultor de Nielsen.
El profesor de ESCP Europe comenta que pese a que el sector aceitero es puntero en España en explotación, la comercialización es el gran objetivo pendiente. “Tradicionalmente mucha de la producción de aceite española iba a parar a otros países como Italia o Francia, que lo embotellaban, empaquetaban y distribuían. En el momento en que la principal compañía española de aceite, que agrupa a las empresas punteras del sector podría ser copada por capital italiano ha hecho saltar las alarmas en Moncloa, ya que supondría perder uno de los sellos de identidad frente a un competidor directo como es Italia”, señala.
Los efectos en el mercado. Una vez comprobada su importancia estratégica, ¿está justificada entonces la forma de actuar del gobierno? En opinión de George Morgan, “en una economía de libre mercado no es una situación que sea del agrado de ningún inversor, ya que muchos de estos verán cómo sus ofertas se quedan en suspenso, incluso pueden ver comprometidas sus previsiones financieras”. La manera de proceder no es la más correcta, añade, “no ofrece una imagen de seriedad y pone en duda la seguridad y las garantías del sistema financiero español, justo en un momento en el que la economía empieza a volver a gozar del crédito de los mercados y según parece, augura una ligera recuperación de sus estadísticas macroeconómicas”.
Garralda, de IE Business School, asegura que el punto de partida “es que no es deseable que ningún Estado interfiera en la adquisición de una compañía”. Sin embargo, señala que “no es nada nuevo, sobre todo en Francia o Italia”. En Europa, es el gobierno de Reino Unido, según explica este experto, quien más respeta la libertad de mercado y recuerda que éste no bloqueó operaciones con empresas nacionales por parte de compañías españolas, como la compra de BAA (que controla el aeropuerto de Heathrow, entre otros) por parte de Ferrovial, la de Scottish Power por Iberdrola o la del banco Abbey por Santander.
Sin embargo, para Garralda, “desde un punto de vista estratégico, no es una herejía el papel que ha jugado el Estado en la operación de Deoleo”. En la misma línea se pronuncia el profesor de ESCP Europe, que señala que hay que tener en cuenta que en ese libre mercado, el gobierno también puede actuar como un jugador más y plantear una oferta que asegure la españolidad de un sector estratégico. “Lo ideal, antes de haber llegado a este punto, habría sido que el Estado hubiera planteado una oferta en plazo y forma como un inversor más y que compitiera en igualdad de condiciones”. Si se hubiera actuado así, posiblemente se podría haber evitado la polémica que ha surgido en torno a la actuación en Deoleo y el daño a la imagen del país como destino serio de inversiones extranjeras.
George Morgan comenta que en aquellos mercados donde los gobiernos imponen sus reglas –algo casi imposible actualmente en la UE- o bloquean las inversiones de terceros, “ocurre un efecto muy negativo: la pérdida de prestigio y la imagen de falta de seriedad en los inversores que pudiesen tener planes de inversión a futuro”. Y añade que hoy en día estamos conectados informativamente, casi al instante, con las tendencias, las oportunidades y los riesgos de inversión que existen en cada país en todo el mundo. “Los inversores saben muy bien cuáles son los sectores, los gobiernos o las regiones que puedan causarles problema en el momento de ganar dinero en sus inversiones, y, como es natural, estos inversores buscarán los caminos de menos resistencia y de mayor rentabilidad”, considera.
En su opinión, “si un gobierno fuera tan difícil en su trato con los posibles inversores, estos simplemente se irían a otra parte del mundo para colocar sus fondos. Especialmente nocivo sería el caso de un gobierno que, después de que un vendedor haya recibido ofertas vinculantes de compra en una subasta abierta y transparente, pusiera trabas”, que es justo lo que ha ocurrido en el caso de Deoleo, aunque en ningún momento lo ha hecho públicamente ni por decreto legislativo, sino que más bien ha sido a través de presiones a grupos de interés, como ha sido el caso de CaixaBank, que finalmente no ha vendido su participación.
En los casos más extremos, cuando un gobierno fuerza de facto estas situaciones, este experto señala que “el efecto sobre el mercado sería doble: primero, los inversores originales se enfadarían y se irían, pero segundo, y mucho peor, los inversores a futuro borrarían el país como posible objeto de sus inversiones”. Eso podría explicar por qué, después de toda la polémica que se ha generado, se haya permitido que el proceso siga adelante y sea el fondo británico, CVC, quien comprase una participación en Deoleo, una vez garantizado que seguirá habiendo un bloque de accionistas españoles, que se han comprometido a permanecer en el capital.
Joaquín Garralda, de IE Business School, considera que, “indudablemente, a los inversores extranjeros les molesta la intromisión de un Estado en una operación corporativa, entre otros motivos, porque no juega con las mismas reglas, ya que en lugar de responder ante los accionistas, como ocurre en cualquier empresa, un Gobierno responde ante sus votantes”. Este experto hace hincapié en que la situación de Deoleo no ha sido la primera vez que un país defiende lo que se conoce como campeones nacionales y, seguramente, no será la última. Morgan comenta que, “tradicionalmente, los sectores de necesidad básica han sido los más protegidos en el pasado: banca, alimentación, energía, transporte, telefonía e Internet, seguridad o salud, entre otros”.
Sin embargo, con la llegada de la Unión Europea, se han desmantelado las barreras a este tipo de intromisiones en casi todos los sectores. Según el profesor de ESCP Europe, la UE ofrece movilidad de inversiones y de personas del extranjero a sus países, aunque algunos, como Bélgica, Alemania y Reino Unido estén empezando a limitar el ingreso de ciudadanos de otros estados miembro de la UE, si no obtienen un puesto de trabajo dentro de un plazo corto como consecuencia de la crisis económica que todavía sobrevuela sobre el Viejo Continente. Aun así, la realidad sobre las políticas proteccionistas de cada país varía mucho. Morgan considera que, por ejemplo, “el orgullo nacional y la fuerza financiera de Alemania y de Francia suele enfocarles a invertir fuera, en vez de buscar socios que pudiesen entrar en sus países”. Algunos estados del este de Europa, añade, a veces son reacios a permitir la entrada de inversiones, “especialmente aquellas proporcionadas por los fondos de pensiones, como es el caso de Eslovaquia o Polonia. Sin embargo, Reino Unido, Hungría, Austria, Luxemburgo y Chipre han dado aliento a los inversores extranjeros, incluso aquellos de países tan dispersos como los BRIC (Brasil, Rusia, la India y China), Iberoamérica y EE.UU.”.
