La declaratoria de emergencia y el envío de militares, que siguió a una solicitud de la firma de Rinehart para que se suspenda su contrato por los disturbios, corre el riesgo de desatar nuevas reacciones de la población vecina al proyecto minero .

Buenos Aires. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está tomando medidas enérgicas para combatir a mineros ilegales que cada vez invaden más yacimientos formales de oro, pero mantenerlos lejos de las concesiones, como la de una multimillonaria australiana, podría ser una tarea difícil.

Moreno envió el mes pasado a unos 4.000 militares y policías para desalojar a miles de mineros ilegales de una concesión otorgada en 2017 a la firma Hancock Prospecting, controlada por Gina Rinehart, la mujer más rica de Australia.

El Gobierno asegura que con el área en emergencia y los uniformados controlando la parroquia de Buenos Aires, donde se encuentra la concesión Imba-2, la minería ilegal se ha detenido.

Pero la declaratoria de emergencia y el envío de militares, que siguió a una solicitud de la firma de Rinehart para que se suspenda su contrato por los disturbios, ahora corre el riesgo de desatar nuevas reacciones de la población vecina al proyecto.

Para los habitantes de la comunidad agrícola, que levantaron carpas de plástico y restaurantes improvisados cerca de la mina, el control estatal sacudió la economía de la zona, enclavada en las montañas del norte del país. Algunos mineros tienen planes de regresar cuando concluya la emergencia.

"Esto quedó más pobre que nunca en la vida", dijo Alba Martínez, una ama de casa de 50 años de la comunidad de Buenos Aires, cuyo esposo abandonó el campo para trabajar en la mina hace dos años. Después de la medida del gobierno, él y sus dos hijos, también mineros, salieron a la ciudad a buscar trabajo.

Este enfrentamiento constituye un reto para los gobiernos de países de América Latina, África y Asia, que buscan atraer la inversión de grandes compañías mientras tratan de evitar reacciones violentas de los mineros ilegales, quienes ven a la prospección en sus tierras como un derecho adquirido.

"Por supuesto, la minería ilegal genera incertidumbre", dijo a Reuters el vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner, que encabeza un grupo de trabajo sobre la lucha contra la minería ilegal. "Pero lo que queda claro es que el Gobierno Nacional no tolerará ninguna actividad ilegal".

Moreno ha seducido al sector eliminando un inesperado impuesto sobre los recursos mineros, implementando una modalidad de pago anticipado de regalías y reduciendo un impuesto sobre la ganancia de capital en las transferencias de las compañías.

El año pasado, Ecuador recibió US$742 millones en inversión extranjera directa en el sector minero, más del doble de lo captado en 2017, según datos oficiales.

Moreno aplaudió la reciente apertura de la mina Mirador, de propiedad china, en el sur de Ecuador, así como el progreso en el proyecto Cascabel de SolGold en la provincia montañosa de Imbabura. Ahí es donde también se encuentran las concesiones de la filial local de Hancock, Hanrine.     

Pero han surgido obstáculos. Las comunidades cercanas a la mina Cascabel desafiaron el proyecto buscando una consulta popular, que ha sido rechazada por la Corte Constitucional, aunque aún están pendientes pedidos similares.

Las canadienses Core Gold Inc y Luminex Resources Corp han alertado sobre los riesgos que genera la minería ilegal, que van desde el agotamiento de reservas hasta daños ambientales por los que podrían ser responsables.    

Hancock declinó hacer comentarios. Core Gold y Luminex no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"La gente se ha ido". Los mineros ilegales acudieron masivamente a la concesión Imba-2 de Hanrine poco después de que un agricultor encontrara piedras con oro mientras construía una carretera a fines del 2017. El hecho desató la llamada "fiebre del oro", que generó a su vez otros delitos como tráfico de personas, daños ambientales y extorsión de grupos criminales, según las autoridades.

En marzo de 2018, el Gobierno emitió una resolución prohibiendo la minería ilegal en la concesión de Hanrine, pero la invasión continuó creciendo.

Un año después, la compañía pidió la suspensión de su contrato para evitar que el tiempo de cuatro años que el Estado otorga para exploración siga avanzando, según Santiago Chamorro, coordinador de la política minera en el norte del país. La suspensión fue aprobada el 19 de julio.

El estado de emergencia en la localidad de Buenos Aires puso fin a un auge económico inusual en la zona. Muchos se endeudaron para ofrecer servicios de comida, hospedaje o lavado de ropa, que desaparecieron de la noche a la mañana luego del desalojo.

En una reciente mañana de viernes, los soldados y policías que ocupaban la ciudad superaron ampliamente en número a los residentes en las calles, mientras que negocios, incluida la única entidad bancaria del pueblo, tenían sus puertas cerradas.

El funcionario Chamorro dijo que el desarrollo de la minería a gran escala generará empleos, ya que las leyes dicen que el 80% de los trabajadores deben ser ecuatorianos y que el 60% de las regalías de una mina tiene que invertirse en comunidades cercanas.

"La minería ilegal no es la causa, sino más bien el efecto (...) de la falta de empleo, hay que ser sinceros", reconoció en una entrevista en su oficina en Ibarra, capital de Imbabura.

Mientras tanto, en Buenos Aires, dos exmineros estaban planeando regresar a la mina. Uno de ellos, un joven de 20 años que se identificó como Alberto se mostró escéptico ante las garantías del gobierno de que la gran minería traería empleo.

"Una vez que llegue la compañía, no quedará nada para la gente", dijo al reconocer que en la mina ilegal ganaba US$40 diarios, un ingreso alentador en comparación con el pago que reciben en trabajos formales en la zona.