Las autoridades ecuatorianas reiteraron que estas tratativas y cualquier acuerdo de reparación que pueda resultar de ellas, "son completamente independientes" de las investigaciones que están en curso en la Fiscalía y la Contraloría Generales del Estado.
Quito. Ecuador definió este miércoles con representantes de Odebrecht la metodología que se usará para la reparación integral por los perjuicios derivados de la trama de sobornos de la constructora brasileña en este país andino.
El anuncio lo hizo en rueda de prensa el procurador general de Ecuador, Iñigo Salvador, luego de una segunda reunión con ejecutivos de Odebrecht en el marco del proceso de reparación integral iniciado el pasado 8 de junio.
Ecuador está representado en las conversaciones por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía Generales del Estado, así como por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia.
La primera reunión se llevó a cabo el 10 de julio en la sede de la Procuraduría General del Estado, en Quito.
Salvador dijo a los periodistas que en la segunda reunión las partes abordaron la metodología para establecer el monto de los daños causados al Estado ecuatoriano por las acciones ilícitas de Odebrecht.
Dicha metodología "podrá ser ajustada conforme se avance en el proceso y en función de nuevos elementos que puedan aportar las entidades afectadas u otros actores interesados", explicó.
Según afirmó Salvador, Odebrecht deberá reparar los daños materiales e inmateriales.
Como daños materiales se considera la determinación del daño emergente y lucro cesante causados en relación a cada uno de los contratos celebrados por entidades públicas ecuatorianas y la compañía brasileña.
Esto, sobre la base de los rubros indemnizatorios que se desprendan del análisis de cada contrato y que incluirán, entre otros, posibles costos adicionales sin sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros asociados, indicó el funcionario.
Como daños inmateriales se considera la determinación del daño social causado por las acciones ilícitas de Odebrecht, lo cual incluye pérdida de confianza, credibilidad y respeto a las instituciones, afectación a la seguridad jurídica y desaliento a la inversión en el país.
Según la Procuraduría, como primer paso se recaba la información para determinar la naturaleza y cuantificación de los daños, lo cual "servirá para determinar el monto de la indemnización que Odebrecht deberá entregar a Ecuador, sin perjuicio de otras formas de reparación que se considere apropiadas".
Las autoridades ecuatorianas reiteraron que estas tratativas y cualquier acuerdo de reparación que pueda resultar de ellas, "son completamente independientes" de las investigaciones que están en curso en la Fiscalía y la Contraloría Generales del Estado.
También son independientes de cualquier otro proceso administrativo o judicial, "los cuales continuarán hasta establecerse las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan e imponerse las respectivas sanciones", añadió la Procuraduría en un comunicado.
Por su parte, Odebrecht reiteró su compromiso de continuar cooperando con Ecuador con miras a una reparación integral.
En junio de 2017, el gobierno de Ecuador calculó en unos US$200 millones el monto de la indemnización que exigiría a Odebrecht por los perjuicios causados.
