El motivo sería la cancelación de subasta para adquisición de energía limpia de la Comisión Federal de Electricidad.
Ciudad de México. La cancelación de la cuarta subasta para adquisición de energía limpia mediante contratos de largo plazo por parte de la CFE pondrá en riesgo la implementación del mercado de certificados de energía limpia (CEL), instrumentos que se comercializan en estas licitaciones con el fin de alcanzar las obligaciones de generación de energía limpia que el gobierno se había impuesto.
Los CEL fueron diseñados en la Ley de Transición Energética del 2015 como incentivos para los generadores de energía limpia del país, ya que todas las plantas que se construyan o repotencien después del 2014 podrán certificar de forma expost el volumen generado y obtener un CEL por cada megawatt hora que podrán vender a precios que defina el mercado observado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En la misma ley, el gobierno comprometió un mínimo de 35% de energía limpia para el 2024, proporción que hasta el último reporte anual de la Secretaría de Energía es de apenas 21% del total generado en el 2017 (el 2018 cerraría con 24%).
Ramsés Pech, analista del sector energético, explicó que con la cancelación de estos procesos de adquisición de CEL se incumple tanto con la ley de transición como con las metas del Programa de Desarrollo Eléctrico de la Secretaría de Energía para los próximos 15 años, dejando al país en una situación de dependencia de los combustibles fósiles que por las caídas en la producción doméstica vendrán del exterior al menos en el corto plazo.
“La cancelación de la subasta retrasa las metas de generación limpia por lo menos 10 años. No olvidemos que los compromisos internacionales que ha hecho México incluyen también llegar a 2050 con 50% de generación limpia, esto no será posible”, dijo el experto.
Avance de 65% en mercado de CEL. Por lo pronto, el mercado de CEL lleva un avance de 65% de las obligaciones que serán necesarias por parte de los usuarios del sistema eléctrico nacional, ya que, según la CRE, hasta noviembre se han otorgado 5.939 millones de CEL, con una generación de por lo menos 330.000 megawatts hora del año anterior, la obligación mínima de CEL, difiriendo incluso 25% de las obligaciones el primer año como permite la ley, deberán haberse comercializado alrededor 9 millones de CEL, ya que cada uno de éstos equivale a 1 megawatt hora.
Según la empresa Servicios y Energía México (SYEM), filial de la francesa Engie (que comercializa CEL en 70 países, incluido México), no más de 10 generadores (principalmente la CFE) habían logrado la certificación expost de CEL entre los poco más de 12 suministradores calificados (aunque hay 40 inscritos) del país al cierre de la pasada administración.
En sus procesos de adquisición de estos instrumentos, SYEM se ha encontrado un precio promedio de entre US$19 y US$23 por CEL en el mercado mexicano, mientras que los de la tercera subasta de largo plazo promediaron US$7 por CEL, precio que esperaban que fuera menor en el cuarto proceso, que ya se canceló.
Así, en abril se realizará el primer corte de un año completo de obligaciones para el primer año de implementación de este mercado. La Unidad de Electricidad de la CRE explicó a El Economista el año pasado que con la entrada en operación de las 16 plantas de la primera subasta eléctrica, se podría alcanzar la meta para el primer año del mercado de CEL, ya que estas centrales tienen el compromiso de arrancar a más tardar en el primer trimestre del 2019 o sufrirán penalizaciones.
Sin embargo, las obligaciones para los años posteriores fueron aumentadas en el último acuerdo modificatorio de la ley realizado por la Secretaría de Energía, con lo que para el 2020 subirá a 7,4% la obligación, mientras que para el 2021 será de 10,9% y para el 2022 llegará a 13,9% de la energía generada el año anterior. Con subastas posteriores se obtendrían los compromisos de construcción de las plantas que añadirían estos nuevos CEL, pero la última licitación ya fue cancelada.
Respeto a contratos adquiridos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que la cancelación tanto de la cuarta subasta para adquisición de energía de largo plazo de la CFE como de las dos licitaciones para líneas de transmisión de corriente directa en alta tensión obedecen a un cambio de estrategia en la política energética, que ahora busca fortalecer a la estatal eléctrica, aunque no se cancelarán los contratos adquiridos con anterioridad entre el Estado y la Iniciativa Privada.
“Porque hay un cambio, por los subsidios”, respondió ante el cuestionamiento. Las subastas de largo plazo se diseñaron para que la CFE y otros compradores adquieran energía, potencia para las horas de mayor demanda y certificados de energía limpia (CEL) al precio en valor presente neto fijo durante los 15 y 20 años de duración de los contratos, cuando, al ser energía que no requiere combustibles, tiende a bajar sus costos sin que estas reducciones se trasladen en ahorros para los compradores de energía.
Sin embargo, el primer mandatario aseguró que no se modificarán los contratos adquiridos, lo que significa que se mantendrán los 67 contratos firmados con 42 empresas generadoras distintas para instalar una capacidad de 7.519 megawatts (10% de la capacidad actual del país) en las primeras tres subastas de largo plazo celebradas en la administración anterior.
