El proyecto impulsado por legisladores opositores y que el gobierno califica como inconstitucional, busca pechar de forma progresiva desde un 3% las ventas, lo que el gobierno y la industria señalan que elevaría exponencialmente la carga impositiva frente a otros competidores.
La polémica discusión en Chile para imponer regalías sobre las ventas de cobre y litio que se lleva a cabo en el Congreso ha dejado de lado hasta ahora los acuerdos de invariabilidad tributaria que otorgó el país para garantizar las inversiones extranjeras, lo que retrasaría la aplicación del tributo.
El proyecto impulsado por legisladores opositores y que el gobierno califica como inconstitucional, busca pechar de forma progresiva desde un 3% las ventas, lo que el gobierno y la industria señalan que elevaría exponencialmente la carga impositiva frente a otros competidores.
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto en mayo, pero hubo escasa discusión sobre esos acuerdos clave, que evitan que el gobierno o los legisladores aumenten unilateralmente los impuestos.
Pese a que el proyecto de ley ha tenido un respiro en el Senado, que prolongó el debate hasta por un par de meses para escuchar opiniones de diversos actores vinculados, los expertos consideran inevitable el alza impositiva en medio de los máximos históricos que llegó a anotar el cobre este año.
La gigante Escondida, el mayor yacimiento mundial del metal y controlada por BHP, además de depósitos de Anglo American, Antofagasta Minerals serían los primeros en ser alcanzados por el tributo ya que sus pactos de estabilidad terminan en 2023. Aunque hay otros pocos, un 30% de las minas, que escaparían del ajuste, por ahora.
Debido al corto plazo para que expiren los pactos de invariabilidad para la mayoría es poco probable que los legisladores busquen una aplicación inmediata de la regalía.
Catalina Pérez, diputada del opositor Revolución Democrática e impulsora del proyecto, consideró que el gobierno podría convencer a las firmas de adoptar el nuevo esquema, como ya lo hizo una vez en 2010, durante el primer mandato de Piñera y luego de un devastador terremoto.
"El Gobierno tiene todas las atribuciones en temas tributarios y puede negociar condiciones con las empresas que tienen contratos de invariabilidad tributaria vigentes, para acogerse, si se aprobara, al nuevo régimen de royalty, como se hizo con el impuesto específico a la minería el año 2010", dijo.
"Que no se haga ahora es porque este Gobierno no tiene la voluntad ni la intención de avanzar con este proyecto, por eso, la presión ciudadana será clave. Se puede, pero no quieren", afirmó.
Pero expertos creen que cambiar las reglas del juego en lo inmediato empañaría la imagen de Chile como economía amigable con el libre mercado.
"Dado que la gran mayoría acaba en 2023, intentar imponer un nuevo esquema tributario y tratar de aplicarlo de inmediato, pasándose por alto esos contratos, ya llevaría a problemas mayores", aseguró Francisco Acuña, analista senior en Santiago de la consultora CRU.
"No solo sería un litigio internacional sino que la imagen país tendría un impacto importante", agregó.
Por esto, el experto cree que cualquier ajuste tendrá que esperar el vencimiento de los acuerdos, aunque llegará más temprano que tarde.
La discusión tributaria en Chile ocurre en paralelo con el cambio presidencial en el vecino Perú, donde el socialista Pedro Castillo ha prometido revisar los contratos con las mineras y retener mayor porcentaje de la renta, lo que incrementa el riesgo político en la clave región productora del metal.
Recientemente, RBC rebajó sus expectativas sobre Anglo American por el triunfo de Castillo en Perú, que agrega "complejidad" pese a tener un acuerdo de estabilidad fiscal y dijo que los cambios impositivos en Chile podrían afectar decisiones locales de crecimiento.
¿El mismo saco? Pero Spence de BHP tiene estabilidad hasta 2032, Centinela de Antofagasta hasta 2031 y Quebrada Blanca II de Teck 15 años a partir de su arranque.
Esto contradice la idea de los legisladores de imponer el tributo para levantar recursos ahora para financiar programas de ayuda por el impacto de la pandemia de coronavirus.
"Una cosa muy peligrosa de tratar este tema de la invariabilidad sería meter a todas las compañías en el mismo saco, eso sería muy complejo. Se puede buscar una solución más de sector pero respetando las diferentes realidades", afirmó Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora Plusmining.
El analista recordó que los acuerdos están suscritos bajo rigurosos estándares internacionales por lo que no existe la posibilidad de un cambio de forma unilateral.
"Acá estamos hablando de un derecho que adquirieron las compañías cuando el país ofreció este marco para la inversión extranjera. Un derecho que las compañías pueden hacer prevalecer", subrayó.
Los arbitrajes internacionales pueden tardar años en resolverse.
De igual forma, Guajardo reconoció que el poseedor del derecho podría tener flexibilidad ante "condiciones razonables", pero la industria considera exagerado el proyecto como está actualmente.
Tras el devastador terremoto y tsunami de 2010, las mineras negociaron y aceptaron un alza temporal de impuestos a cambio de mayor plazo de invariabilidad en el vigente "impuesto específico" que establece un pago sobre el margen operativo de las empresas.
Sin embargo, Acuña de CRU, dijo que en lo personal considera que en la actualidad habría poco margen para un diálogo similar.
"Si bien se aceleró la discusión del royalty con el escenario de precios, que era inesperado, si era predecible que iba a haber algún tipo de discusión o cambio y quizás como ocurrió en 2010 esa discusión se pudo hacer de manera anticipada", opinó.
La tensión política en Chile ha crecido desde que estalló una ola de protestas sociales contra la desigualdad en octubre de 2019 a lo que se ha sumado la crisis económica por la pandemia.
A esto se agrega que los partidos políticos tradicionales fueron derrotados en la elección de los redactores de una nueva Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que estará dominada por independientes y una coalición de fuerzas de izquierda con el Partido Comunista.
El Consejo Minero, una asociación que agrupa a las mayores empresas privadas del país, declinó responder preguntas de Reuters sobre el tema. BHP, Anglo American, Antofagasta y Collahuasi tampoco respondieron a pedidos de comentarios.
Sin embargo, el organismo ha realizado un gran despliegue ante las autoridades para señalar la inconveniencia de elevar la carga impositiva en momentos en que muchas empresas deben hacer inversiones para enfrentar las menores leyes minerales de yacimientos maduros.
Un ejecutivo de la industria dijo en condición de anonimato que el sector ha evitado tocar el tema debido a las implicaciones legales.
El gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera también ha defendido la posición de las mineras subrayando la pérdida de competitividad frente a productores rivales y poniendo en riesgo futuras decisiones de inversión.
Pero el gobierno ya ha sufrido otras derrotas ante cambios legales impulsados desde el parlamento, como el retiro parcial de los ahorros para pensiones.
