El proyecto minero, ubicado en la provincia andina de Azuay, es operado por la empresa canadiense INV Metals Inc., que prevé una inversión de US$309,5 millones para la etapa de explotación, que incluye la construcción de una mina subterránea.
Quito. El Ministerio de Energía de Ecuador dijo este jueves que el estudio de factibilidad del proyecto minero Loma Larga, en el sur del país, confirmó su viabilidad técnica y económica para la explotación de minerales, lo que permitirá arrancar con su desarrollo para obtener la primera producción a fines de 2021.
El proyecto minero, ubicado en la provincia andina de Azuay, es operado por la empresa canadiense INV Metals Inc., que prevé una inversión de US$309,5 millones para la etapa de explotación, que incluye la construcción de una mina subterránea.
La firma minera notificó a las autoridades ecuatorianas sobre la viabilidad del proyecto, del que espera una extracción estimada de 2,6 millones de onzas de oro equivalente, durante los 12 años de vida útil de la mina.
"El estudio de factibilidad (...) estima reservas minerales probadas y probables por 13,9 millones de toneladas (4,91 g/t oro, 29,6 g/t plata y 0,29% cobre), con una planificación de producción inicial de 3.000 toneladas de mineral por día", dijo el Ministerio de Energía en un comunicado, citando a los directivos de la firma canadiense.
El estudio de factibilidad estuvo a cargo de un consorcio internacional liderado por la firma DRA Americas Inc, agregó el comunicado.
De acuerdo con estimaciones de INV Metals se prevé arrancar con la construcción de la mina a inicios del 2020, lo que demoraría entre 18 y 24 meses. La primera producción de concentrado de oro está prevista para fines del 2021.
Las autoridades ecuatorianas estiman que con el desarrollo del proyecto Loma Larga, el país andino recibiría unos US$554 millones por impuestos y regalías.
En la misma zona se desarrolla además el proyecto de oro Río Blanco, operado por la empresa de capital chino Junefield Resources Ecuador. Sin embargo, el proyecto se encuentra en medio de una polémica legal planteada por las comunidades que habitan en su zona de influencia.
Las comunidades indígenas y grupos ambientalistas han protestado por el desarrollo de la industria minera y petrolera en zonas sensibles del país.
