El hotel se encuentra en cercanías de la Plaza Italia -epicentro de las manifestaciones- y ha sufrido una serie de ataques a sus dependencias, por lo que ha permanecido cerrado. Además, aseguran que la conservación de puestos de trabajo es “incierta”.

La sociedad administradora del Hotel Crowne Plaza -Comunidad Edificio Cordillera- presentó un recurso de protección en contra del Estado y el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, tras acusar que se está incumpliendo la garantización del orden público y la seguridad pública, ambos consagrados en la Constitución.

El recurso fue presentado el pasado viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago. En el documento, según consignó La Tercera, la sociedad administradora del hotel aseguró que “el país entero ha sido testigo de cómo, de manera sistemática y virtualmente sin control de ninguna especie, hordas de individuos han llevado adelante saqueos e incendios en bienes inmuebles públicos y privados, especialmente, en establecimientos y locales comerciales, y empresas en su conjunto”.

El hotel se encuentra en cercanías de la Plaza Italia y ha sufrido una serie de ataques a sus dependencias, por lo que ha permanecido cerrado. Además, aseguran que la conservación de puestos de trabajo es “incierta”.

En el recurso indicaron que está “absolutamente impedido de desarrollar su actividad económica, situación que hace urgente la inexcusable presencia de las fuerzas de orden y seguridad”.

En el escrito, ingresado el mismo día que se vandalizó una de las galerías que posee, el hotel pidió que “ante la amenaza inminente de incendio, solicitamos una mayor y mejor vigilancia, resguardo y protección policial de los inmuebles que componen la comunidad a través del establecimiento de puntos fijos, rondas permanentes, elaboración de un plan de contingencia, colocación de contenedores que rodeen los inmuebles, y que garanticen adecuadamente sus garantías constitucionales”.

“Ni el Estado de Chile ni el intendente de la región Metropolitana han dado fiel, oportuno y cabal cumplimiento con su obligación constitucional y legal de resguardar el orden público y la seguridad pública interior”, acusaron.

Además, en el documento se mencionó que se haría reserva de sus derechos para cobrar los perjuicios que se han ocasionado por el cierre de sus operaciones.