El fiscal general Alejandro Gertz dijo que la investigación se ampliaría hasta el Consejo de Administración de la petrolera, en el que participaban los ex secretarios Luis Videgaray; Ildefonso Guajardo; y Pedro Joaquín Coldwell.
Ciudad de México. La investigación de la justicia mexicana sobre un presunto caso de corrupción en la petrolera estatal Pemex se ampliaría hasta el Consejo de Administración de la empresa, donde estuvieron varios secretarios del Gobierno pasado, dijo este miércoles el fiscal general del país.
Este martes, la justicia ordenó arrestar a Emilio Lozoya, director general de Pemex durante la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y capturó en España a Alonso Ancira, presidente del consejo de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), por presuntos actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal general Alejandro Gertz dijo en una entrevista con el canal Televisa que la defensa de Ancira, quien será extraditado a México, pidió libertad bajo fianza pero que el beneficio fue negado por las autoridades españolas.
"El tema nos va a llevar a un análisis de las conductas del Consejo Directivo de Pemex en el momento en que se llevó a cabo esta operación. Eso es un hecho, está dentro del procedimiento", dijo Gertz este miércoles.
"Cuando hay una adquisición de un bien en una forma irregular, quién lo haya aprobado y quién tenga las facultades y el mandato para hacerlo tienen que dar cuentas", agregó.
Durante el período investigado, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray; el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo; y el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, integraron el Consejo de Administración de Pemex.
Según lo anticipado por autoridades, la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de Odebrecht que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares, a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias.
Las transacciones habrían comenzado días después de que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, compró en 2014 una planta de fertilizantes a AHMSA por cerca de US$500 millones cuando estaba valuada en unos US$50 millones.
La investigación es la primera de alto perfil iniciada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina.
El mandatario dijo que la investigación se inició en el gobierno de Peña y que había dado instrucciones de no detener la pesquisa en curso. "La instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie", dijo este miércoles.
Además, pidió que las cuentas de AHMSA, la mayor siderúrgica del país, se descongelen para que continúe con sus operaciones.
"Por instrucciones del presidente". Lozoya ha sido señalado de haber recibido unos US$3,5 millones en sobornos por parte de Odebrecht, que presuntamente habrían servido para financiar la campaña electoral de Peña Nieto. El exejecutivo, quien según su abogado se encuentra en México, ha negado las acusaciones en varias oportunidades.
Javier Coello, abogado de Lozoya, aseguró que hubo una "violación" al debido proceso ya que ni él ni su defendido fueron notificados ni del congelamiento de cuentas ni de la orden de detención. Además, calificó a Lozoya como un "chivo expiatorio" del sexenio pasado.
El jurista dijo que no sólo deberían ser citados a declarar los miembros del Consejo de Administración de Pemex, sino también el expresidente Peña Nieto. Negó a haya habido cualquier tipo de transferencias bancarias a Lozoya.
"Yo citaría hasta al presidente Peña Nieto (...) no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente", dijo Coello a Televisa. "Muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó (...) Si buscan la verdad, la van a encontrar", agregó.
