De los cinco proyectos con una inversión inicial de unos US$7.000 millones que forman la columna vertebral del esfuerzo minero de Ecuador, dos se han detenido por completo. Un tercero está reubicando una parte de sus instalaciones debido a la oposición local.

Quito. Conflictos con comunidades indígenas han estancado las operaciones del proyecto cuprífero San Carlos Panantza en Ecuador, uno de los que el presidente Lenín Moreno había señalado como ejemplo de expansión del sector minero que generaría unos US$40.000 millones en ingresos durante la próxima década.

Muchos ven ahora al proyecto de US$3.000 millones financiado por ExplorCobres S.A de China como un referente de la agitación que impide el impulso de Ecuador para convertirse en una potencia minera andina y competir con Perú y Chile.

El proyecto estaba programado para comenzar a exportar cobre este año, pero una disputa con la comunidad indígena Shuar Arutam provocó su suspensión desde hace dos años, según la autoridad minera del país.

En marzo de este año, asaltantes desconocidos prendieron fuego a las instalaciones del campamento y robaron equipos.

En una serie de denuncias, grupos indígenas afirman que el Gobierno no les consultó adecuadamente sobre los proyectos. La lucha está socavando los ambiciosos planes de la nación andina para desarrollar la minería a gran escala como alternativa a su industria petrolera.

"No hay un consenso sobre el papel que debería jugar la minería en el desarrollo de la economía y las comunidades a menudo se sienten atropelladas", dijo Sergio Guzmán, director para la región andina del grupo Colombia Risk Analysis.

"Hace falta una conciliación entre los objetivos de la minería que son entendidos al nivel más alto del gobierno y como se deriva eso en externalidades positivas para las comunidades", agregó.

Amplios depósitos. De los cinco proyectos con una inversión inicial de unos US$7.000 millones que forman la columna vertebral del esfuerzo minero de Ecuador, dos -incluido San Carlos Panantza- se han detenido por completo. Un tercero está reubicando una parte de sus instalaciones debido a la oposición local.

Otros proyectos que están menos avanzados enfrentan el rechazo de líderes locales, que aún no están convencidos de que sus comunidades se beneficiarán de una industria plagada de preocupaciones sobre el daño ambiental y la creación de empleos.

La corte electoral de Ecuador convocó el miércoles a una consulta popular, que se celebrará en febrero y preguntará a los votantes de Cuenca si quieren prohibir la minería cerca de los ríos que atraviesan la ciudad. Los resultados serían vinculantes para esa jurisdicción pero no retroactivos.

Los líderes de la industria minera se quejan que tales consultas afectan los planes iniciales de los proyectos.

La resistencia podría socavar los esfuerzos de Ecuador por generar ingresos fiscales para garantizar un retorno al crecimiento económico y reforzar las finanzas estatales, después de un plan de reestructuración de deuda respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este año.

Ecuador va rezagado de Chile y Perú en el desarrollo minero, a pesar de tener lo que se cree son amplios depósitos de cobre y oro. No ha completado la exploración suficiente para determinar sus reservas reales, según el gobierno.

La industria generará alrededor de US$4.000 millones en beneficios fiscales y unos 40.000 millones en ingresos por exportaciones durante la próxima década, según las estimaciones más conservadoras del Gobierno.

El viceministro de Minas, César Vásquez, dijo a Reuters en una reciente entrevista que Ecuador está preparando una nueva normativa para ajustar los plazos y evitar que las concesiones caduquen por conflictos sociales. Aún así, el funcionario reconoció que la resistencia de la comunidad podría desanimar a los inversores.

"Hay gente que se opone a la actividad minera y lo van a hacer con o sin ley, van a buscar siempre un argumento sobre el cual estar opuesto a la actividad minera", dijo el funcionario. "El Estado siempre va a actuar en el marco jurídico para defender los intereses del país".

Punto muerto. El esfuerzo minero de Ecuador puede presumir algunas historias de éxito.

La mina de oro Fruta del Norte liderada por la canadiense Lundin Gold Inc ya está exportando. Lo mismo ocurre con la de cobre Mirador, propiedad de una subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment, que es también la matriz de ExplorCobres.

Solaris Resources de Canadá, a cargo del proyecto de cobre Warintza, creó una alianza estratégica con dos comunidades del pueblo Shuar en septiembre después de tres años de diálogo.

Pero la oposición comunitaria ha cobrado su precio particularmente en San Carlos Panantza, que nunca ha estado en buenos términos con la comunidad local.

"El Gobierno aprobó concesiones hace años sin proporcionar información, sin el conocimiento del pueblo Shuar-Arutam", dijo Josefina Tunki, presidenta de esa nacionalidad indígena. "La gente ha dicho 'no' a tener esta empresa extractivista a gran escala en nuestro territorio", agregó.

Los indígenas dicen que el campamento de la mina desplazó en 2016 a ocho familias y eliminó la comunidad ancestral Nankints, lo que provocó un enfrentamiento con el pueblo Shuar ese año, que dejó un policía muerto y cinco heridos.

El entonces presidente Rafael Correa los describió como un "minúsculo grupo de extremistas", negando que la zona fuera territorio ancestral y ordenando una ocupación militar.

ExplorCobres no respondió a una solicitud de comentarios.

En marzo emitió un comunicado en el que condenaba el ataque a su campamento, calificándolo de "actos delincuenciales de grupos armados que vienen de fuera de las zonas de influencia del proyecto".

Moreno, electo en mayo del 2017, esperaba pasar página sobre el incidente. Pero para el 2018, el Viceministerio de Minas había acordado extender indefinidamente el plazo para que ExplorCobres empiece a explotar, citando el conflicto social.

El pueblo Shuar Arutam presentó una demanda para que se desechara todo el proyecto y exigió a la minera el pago de daños por el desplazamiento forzado de su gente, pero el caso fue desestimado por un tribunal provincial en 2019.

Los shuar están llevando su lucha más allá de las fronteras de Ecuador, anunciando que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia argumenta que otorgar las concesiones mineras sin los permisos del grupo viola los estatutos del organismo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque una decisión de la OIT por sí sola no alteraría el curso del proyecto, una recomendación negativa presionaría a las autoridades y afectaría la reputación de Ecuador.

La Procuraduría, que representa al país en disputas legales, dijo que no había sido informada sobre dicha queja.

"Nunca daremos paso a las empresas extractivistas en nuestros territorios, queremos vivir en un territorio sin contaminación", concluyó Tunki.