El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso si la justicia frena la reforma a la Ley de la industria eléctrica, luego de varios fallos que han suspendido provisionalmente sus efectos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso si la justicia frena la reforma a la Ley de la industria eléctrica que da más poder al Estado en el sector y cuyos efectos han sido suspendidos provisionalmente por decisiones judicales.
Este martes otro juez federal otorgó dos nuevas suspensiones provisionales a la aplicación de las reformas al sistema eléctrico promovidas por el presidente López Obrador, al considerar que pueden dañar la competencia y la libre concurrencia, publica El Economista.
Con estos dos recursos, suman más suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma, lo cual ha provocado inconformidad del primer mandatario hacia el Poder Judicial, y por lo cual ha solicitado una investigación hacia el juez Juan Pablo Gómez, el primero que concedió las suspensiones.
El mandatario López Obrador aseguró que le llamó la atención la velocidad con la que el amparo fue aprobado y además acusó que grupos de poder estarían detrás de la medida.
"Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo", aseguró, citado por Rueters.
La nueva norma, que ha generado un enorme rechazo entre inversores y que opositores aseguran que atenta contra la competencia y viola tratados internacionales, dará a la CFE la posibilidad de despachar primero la electricidad al sistema.
Además, la exime de comprar energía a través de subastas, le permite revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), así como revocar permisos de autoabasto.
La reforma fue aprobada pese a que la Suprema Corte declaró a inicios de febrero parcialmente procedente una controversia constitucional interpuesta por la autoridad antimonopolios, la Cofece, en contra de una política para el sector eléctrico que incluía puntos muy similares a los contemplados en la nueva ley.
