Entre los ámbitos que propone considerar la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), están la inversión estatal vs. la privada; minería y agua; minería y pueblos indígenas; minería e innovación tecnológica y arquitectura regulatoria de la minería.
Las mineras que operan en Chile entregarán a la asamblea que redacta una nueva Constitución para el mayor productor mundial de cobre un documento con propuestas sobre el desarrollo del sector, informó el lunes la asociación que agrupa a la industria.
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) detalló que el informe es el resultado de un trabajo realizado desde 2020 y que tiene foco en sustentabilidad, marco jurídico y entorno económico.
"El documento incorpora cinco ámbitos que debiera considerar la discusión del órgano constituyente respecto a la minería: características especiales de la minería y la inversión estatal vs. la privada; minería y agua; minería y pueblos indígenas; minería e innovación tecnológica y arquitectura regulatoria de la minería", dijo en un comunicado.
En la elección de los redactores de la carta magna tanto la centroderecha gobernante como la tradicional centroizquierda, que gobernó mayormente al país desde el retorno a la democracia, sufrieron una derrota ante candidatos independientes y de una coalición de izquierda con el Partido Comunista.
Las mineras han mostrado preocupación por la incertidumbre sobre los contenidos que debatirá la Convención Constituyente y han subrayado la importancia de mantener las reglas del juego que han permitido la evolución del sector en el país.
"Sería deseable mantener el régimen de amparo de las concesiones mineras por pago de patente, que permite brindar la certeza y la estabilidad necesarias al concesionario minero. Este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente por su funcionamiento objetivo, transparente y de fácil fiscalización", apuntó.
Anteriormente, el Consejo Minero -que agrupa a las grandes multinacionales mineras- también dijo que buscaría influir en el debate de la nueva carta magna.
La discusión constitucional aparece en momentos en que la industria del cobre y el litio están en la mira de la opinión pública por un debate sobre una regalía sobre las ventas, en un año en que el precio del cobre ha tocado máximos históricos.
