Desde acusaciones de pagos a una empresa vinculada a la familia del presidente de Chile previo a entrar al Capítulo 11, hasta supuestas deudas con Banco Estado han salido a la luz esta última semana. La aerolínea ha desmentido los señalamientos y asegura que además de falso, “es malintencionado”.

El grupo aéreo Latam ve nuevamente afectada su imagen por una polémica que implica presuntos pagos por US$ 40 millones a una empresa de los hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, semanas antes de acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, así como una supuesta deuda de US$ 500 millones con Banco Estado.

El medio local El Mostrador reveló que Costa Verde Aeronáutica S.A., firma con la cual la familia Cueto controla el Grupo Latam, pagó a principios de marzo de 2020 una deuda generada cuatro años antes con Inversiones Odisea Limitada, empresa de los Piñera Morel. 

Posteriormente, el accionista minoritario Jorge Said Yarur, confirmó la información con una dura crítica a la familia presidencial: “Es una falta de ética. Eso no se debe hacer”, dijo en una entrevista a un medio local. 

La respuesta de la compañía aérea no se hizo esperar, rechazando que haya tenido o pagado una deuda con una empresa vinculada a los Piñera. “Las versiones aparecidas en algunos medios vinculan a Latam de manera errónea con esta situación, que fue aclarada en junio de 2020”, dice el comunicado.

La firma explicó que los pagos se realizaron antes del comienzo de la pandemia y, por tanto, antes de que se iniciara el proceso de reestructuración. “Resulta falso y malintencionado vincular a Latam con el pago realizado por otra empresa hace ya casi dos años al proceso actual que lleva adelante el grupo de renegociación de acreencias con bancos, AFP y otros tenedores de bonos emitidos en Chile”.

En cuanto a la deuda con Banco Estado, la afirmación hecha por Said Yarur indica que la entidad se expondría a perder gran parte de los dineros que Latam tenía que devolverle por el plan de reestructuración presentado. El inversionista aseguró que, según ese plan, el banco estatal solo podría recuperar el 19% de alrededor de US$ 500 millones.

“Si BancoEstado no logra cobrar va a tener una pérdida enorme”, recalcó. “Y no solo eso, las AFP tenían invertido no en bonos, sino acciones, pero las fueron vendiendo hacia abajo y cuando vendes hacia abajo es una pérdida camuflada”, aseguró.

Esta información también fue desmentida desde la entidad señalada, aclarando que no mantiene ningún tipo de relación crediticia con la aerolínea y que “actúa solamente como representante de los tenedores de bonos locales”. “En razón de ello, no es efectivo que haya prestado US$ 500 millones a esta compañía”, aseguró. 

Banco Estado precisó que los US$ 500 millones corresponden a bonos emitidos por Latam y que tiene entre esos bonistas a las AFP, que sí se verían afectadas por la reestructuración debido a que contempla solo la recuperación del 19% de sus acreencias, mientras que los tenedores internacionales tienen la alternativa de que se les salde el 100%.

El accionista minoritario Jorge Said Yarur ha señalado en reiteradas oportunidades las complicaciones financieras que le ha traído su participación en Latam, con pérdidas que alcanzarían los 14.000 millones de pesos chilenos (US$ 16,4 millones).

Desde finales de noviembre, cuando presentó su plan de salida del Capítulo 11 a la Corte de Nueva York, Latam ha tenido que enfrentar varias tormentas con los accionistas minoritarios saliendo en masa del grupo aéreo y, por otro lado, los tenedores de bonos locales oponiéndose a la propuesta porque la consideran “altamente insatisfactoria y arbitrariamente discriminatoria”. 

En concreto, los bonistas rechazan que el recupero ofrecido sea de aproximadamente 19% de su valor nominal y que los acreedores que apoyan el plan, así como los accionistas mayoritarios, serían los favorecidos por la posibilidad de acceder a nuevas acciones en condiciones más ventajosas que los demás.

Latam necesita conseguir los votos favorables a su plan antes de la audiencia de la declaración de divulgación que está fijada para mediados de enero de 2022, en la que el juez de la Corte neoyorquina determinará si se puede proceder con el plan. De ser aprobado se inicia el proceso de salida que -según las estimaciones de la compañía- se estaría concretando entre los meses de junio y agosto.