Los altos funcionarios de Petropar habían sido imputados por la Fiscalía por lesión de confianza y aquellos que con su firma autorizaron millonarios desembolsos en perjuicios de la petrolera.
Ninguno de los funcionarios de Petropar que fueron imputados por la Fiscalía fue removido hasta ahora de sus cargos, a pesar de la promesa dada por su “nuevo” presidente, Sergio Escobar Amarilla, quien como todos prometió “transparencia” y dijo que trabajaría “con los mejores”. Sin embargo, continúan más firmes que nunca en sus cargos los cuestionados funcionarios, Gerardo von Glasenapp, en el cargo de gerente general; Carlos Servín Guirland, como gerente de planta, ambos imputados por lesión de confianza y que fueron sobreseídos en una grosera maniobra fiscal, con similares estrategias utilizadas en la causa de Camilo Soares, ministro con permiso de la Secretaría de Emergencia Nacional.
También sigue al frente de la dirección jurídica de Petropar Adolfo Ferreiro, quien por la “vista gorda” de la fiscalía no fue imputado, pero que gracias a su firma (ver facsímil) se autorizó el desembolso de US$ 1.862.050 para el pago sobrefacturado de Petropar a la proveedora Vitol SA. Al respecto, cabe mencionar que en dos dictámenes anteriores, Ferreiro se negó al pago, inclusive pidió la aplicación de multas (como correspondía según el contrato), pero llamativamente terminó autorizando el millonario desembolso irregular, en un tercer dictamen. La firma Vitol SA se había comprometido a entregar gasoíl a Petropar en la ventana del 16 al 18 de julio de 2009, y del 28 al 30 del mismo mes y año, en volúmenes de 40.000 m³ cada una. El precio acordado en el contrato por el saldo de 80.000 m³ fue de US$ 19.961.371, pero Petropar inexplicablemente abonó US$ 21.823.421, lo que implicó la citada sobrefacturación de US$ 1.862.050.
Todos los altos funcionarios que formaron parte de esta rosca siguen firmes en sus cargos, a pesar de la salida de Juan Alberto González Meyer, quien presentó renuncia el pasado 21 de junio. Hasta ahora, no visualiza ninguna intención por sanear la corrupción imperante en el ente, ya que ni siquiera el contrato firmado con PDVSA sobre la renegociación de la deuda fue mostrado a la ciudadanía.
