El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que el acuerdo al que recientemente llegaron el gobierno y el sector privado respecto al aprovechamiento de las oportunidades de inversión en infraestructura puede rendir frutos importantes.

Ciudad de México.- La ola de violencia en Culiacán y el resto del país, los ajustes fiscales y la acción de construir un aeropuerto en Santa Lucía sin permisos, han sumado mayor incertidumbre al ambiente de negocios, lo que retrasa a las inversiones que urgen a México para crecer, consideró el sector empresarial.

“La respuesta del Estado no ha sido suficiente ni eficiente (en materia de ataque a la inseguridad), e incluso ha llegado a ser tolerante. En este sentido, los hechos ocurridos en Culiacán ensombrecen aún más el panorama”, reprobó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

A través de su análisis semanal, el organismo privado sentenció que para comprometer el capital de la empresa, el inversionista naturalmente evalúa los riesgos de ello, frente a los rendimientos que espera. Las decisiones que se materializan en este sentido, además de representar uno de los principales motores del crecimiento, reflejan las expectativas y la confianza de los inversionistas privados en la evolución de la economía y la política pública.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que el acuerdo al que recientemente llegaron el gobierno y el sector privado respecto al aprovechamiento de las oportunidades de inversión en infraestructura puede rendir frutos importantes. No obstante,  las señales que se dan al inaugurar las obras de proyectos como el de la terminal aérea de Santa Lucía “no son congruentes”.

Y es que el gobierno no ha presentado evidencia de que dicho proyecto, junto con las obras que al parecer se planean en el actual aeropuerto de las ciudades de México y Toluca, representa una mejor opción que la ya cancelada de Texcoco; ni desde la perspectiva de rendimiento económico-social ni ambiental ni de seguridad aeronáutica. "Parecería más que el gobierno está determinado a cumplir objetivos más bien políticos que de rentabilidad económica y social".