Movistar, filial mexicana de Telefónica, registró un impacto positivo de US$103 millones por la devolución de sus frecuencias en las bandas de 800 MHz y de 1.9 GHz, y confirmó la devolución total de la 2.5 GHz lograda en 2018, con lo que evade obligaciones de cobertura social.
Ciudad de México. Telefónica Movistar generó un primer impacto positivo de US$103 millones para su operación mexicana por el retorno de diversas señales de espectro en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz al Estado; y confirmó además la devolución entera de sus frecuencias en la banda de los 2500 MHz (2.5 GHz) que formalmente se adjudicó en México el 22 de noviembre de 2018.
La compañía, en un reporte financiero enviado a la Bolsa de Madrid, informó a sus accionistas que entre 2017 y 2019 generó US$191 millones por la venta de torres y otros activos relacionados con ese tipo de infraestructura en América Latina y que particularmente en 2019 consiguió ese “resultado positivo” de US$103 millones por el espectro devuelto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México.
Telefónica había pagado US$35 millones por dos bloques nacionales de espectro en la banda de 2.5 GHz y US$110 millones en refrendos por frecuencias nacionales y regionales en 1.9 GHz, bloques de entre diez y 20 MHz de ancho de banda.
Un año después de adjudicarse un tramo de la banda de 2.5 GHz, el 21 de noviembre de 2019, Telefónica comunicó al IFT su intención de regresar ese espectro por así convenir a sus intereses de eficiencia operativa y esto ocurrió también el mismo día en que hizo público un trato de uso compartido de infraestructura con AT&T para generar un ahorro de US$250 millones anuales a partir del año 2022.
El Economista adelantó el 1 de enero de 2020 que el IFT había consentido oficialmente a Movistar la devolución parcial de sus frecuencias en 1.9 GHz y todas las señales de 850 MHz y de 2.5 GHz, con lo que esa banda escribía un nuevo capítulo en su ajetreada historia en la que además Telefónica había insistido durante la última década en su pronta licitación en el mercado para fortalecer redes de 4G.
“El 21 de noviembre de 2019, Pegaso PCS notificó al IFT la renuncia a sus concesiones de espectro con la devolución total de la banda 2500 MHz y parcial de espectro de Telefónica en la banda de 1900 MHz, de entre diez y 20 MHz en las regiones 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 (…) En 2019 incluye un resultado positivo de US$103 millones correspondiente a la devolución de licencias de Telefónica México con pagos aplazados que han sido exonerados”, informó la compañía.
Movistar repatria capitales de Latinoamérica a España. La operadora también informó sobre una repatriación de US$2.067 millones hacia la matriz en España desde todas sus filiales latinoamericanas, de los que US$1.283 millones fueron resultado de dividendos y US$784 millones por las desinversiones en América Central, principalmente; operaciones que pasaron a manos de Claro de América Móvil y Tigo de Millicom International.
Para el cierre de 2019, la deuda neta de las operaciones latinoamericanas de Movistar ascendía a US$1.362 millones y ésta representaba el 3,3% de la deuda general del grupo, de US$41.053 millones.
Obligaciones de cobertura con la devolución de su 2.5 GHz. La devolución de frecuencias radioeléctricas en la banda de 2.5 GHz de Movistar al Estado mexicano propicia la idea de que esa operadora librará las obligaciones de cobertura a las que se sometió en 2018 tras ganar la Licitación IFT-7.
En febrero de 2018, el IFT estableció en las bases de la licitación de los 2.5 GHz, en su numeral 3.4, que los ganadores de uno o más bloques de ese espectro (Movistar y AT&T) estarán sujetos a ofrecer servicios de acceso inalámbrico con tecnología 3G o una más reciente en al menos 200 poblaciones de las 557 localidades con entre 1.000 y 5.000 habitantes que aún no han sido atendidas con un servicio móvil y el IFT verificará que el 80% de la población cada uno de esos pueblos esté cubierta por dichos servicios.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo entonces que también contará por tres a cada población atendida por los operadores en Chiapas, Guerrero y Oaxaca bajo ese criterio, los tres estados del país en que la brecha digital es más amplia; donde sólo un promedio del 27% de los hogares tiene una computadora conectada a Internet, según el INEGI.
Otra de las obligaciones para los entonces licitantes del 2.5 GHz es la de atender con servicios 3G o LTE y tecnologías superiores a las llamadas Zonas Económicas Especiales y los tramos carreteros que las conectan; todas, áreas geográficas de interés estratégico en las que el gobierno tiene la esperanza de generar nuevos polos de desarrollo industrial.
La última obligación de cobertura compromete a los participantes a ofrecer un servicio inalámbrico en al menos diez de las 13 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, utilizando para ello como soporte a la banda del 2.5 GHz entonces ya lograda, antes de llegar el tercer aniversario de la notificación del acta de fallo de participante ganador —septiembre de 2021— y con el despliegue de cobertura a por lo menos el 80% de la población de esas áreas urbanas.
Para dar cumplimiento a las dos primeras obligaciones de cobertura que fueron parte de la licitación IFT-7, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dejó al arbitrio de los ganadores de la subasta la posibilidad echar mano de su espectro en los 2.5 GHz y de instalar sus propias radiobases, antenas y otro equipamiento tecnológico, o de acercarse a un tercero para contratar capacidad “en otra banda de frecuencias y/o infraestructura”.
