La próxima reunión entre Argentina y los demandantes, que son los fondos Burford Capital y Eton Park, será el próximo 19 de junio, fecha a partir de la cual se deberá definir la cantidad que deberá pagar el país por la expropiación.
Washington. La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ha fallado contra Argentina en el recurso del país para trasladar a Buenos Aires el juicio por la expropiación de YPF en 2012, de modo que la causa proseguirá en Estados Unidos.
La próxima reunión entre Argentina y los demandantes, que son los fondos Burford Capital y Eton Park, será el próximo 19 de junio, fecha a partir de la cual se deberá definir la cantidad que deberá pagar el país, que es el principal accionista de la petrolera con un 51% de participación, por la expropiación.
La cifra podría ubicarse entre los 3.500 y los US$12.100 millones, según el diario argentino 'La Nación'.
Preska se pronunció después de que tres cortes estadounidenses, entre ellas la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina, que es lo que quería el país para alejarse de la demanda millonaria del fondo Burford Capital, que adquirió el derecho de las sociedades del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, de litigar contra Argentina.
De esto modo, los fondos Burford y Eton Park solicitaron a la juez que ordene a la compañía y a Argentina a abonarles entre US$1.700 y US$900 millones por daños económicos estimados. Tras los hechos, las acciones del fondo escalaron hasta un 7% en la Bolsa de Londres.
En abril de 2015, tres años después de la expropiación de la petrolera, Burford Capital Limited presentó en la Corte de Distrito Sur una demanda contra la petrolera y el Estado argentino por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los accionistas de YPF.
En enero de 2019, la Administración de Mauricio Macri había presentado una moción para retirar la demanda, de modo que los abogados representantes de Argentina aspiraban a que la juez desestimara la demanda bajo el argumento de que el litigio debía dirimirse en los tribunales argentinos porque es la jurisdicción más apropiada.
