La expropiación de Monaca, unas de las empresas más importantes del país latinoamericano, incluye la adquisición forzosa de los bienes que sirven para la producción, procesamiento y almacenamiento de alimentos.
Caracas. Venezuela decretó el jueves la expropiación de una filial local del fabricante mexicano de tortillas Gruma dentro de sus planes por controlar la producción de alimentos para frenar el desabastecimiento de algunos productos básicos y una alta inflación.
La expropiación de Monaca, unas de las empresas más importantes del país latinoamericano, incluye la adquisición forzosa de los bienes que sirven para la producción, procesamiento y almacenamiento de harina de trigo y maíz, pastas, arroz, aceite, avena, productos del mar y especias.
El gobierno anunció la medida en momentos en que los venezolanos enfrentan la escasez de algunos alimentos básicos y están azotados por una contracción económica así como por la inflación más alta del continente a pesar de un control de precios.
A fines de abril, el presidente Hugo Chávez había ordenado la expropiación de tres depósitos de Empresas Polar, la mayor procesadora de alimentos del país, lo que se sumó a la estatización de tres azucareras.
Los precios al consumidor en Venezuela acumulan un alza del 11,3% en lo que va del año por la fuerte depreciación del bolívar, entre otras causas, creando alarma en el gobierno en un año en el que se celebrarán elecciones legislativas.
No había de inmediato disponible algún portavoz de Gruma para comentar sobre la expropiación que el gobierno vio necesaria para garantizar los alimentos a la población y crear un complejo agroindustrial "socialista".
La productora mexicana de tortillas había en abril que las autoridades locales habían iniciado un "proceso sancionatorio" por presuntamente haberse negado a vender harina precocida de maíz, en momentos en que había escasez del producto.
Sin embargo, la empresa negó que Molinos Nacionales (Monaca) haya evitado abastecer al mercado y que había presentado recursos legales para impugnar el procedimiento.
A finales del 2009, Gruma había dicho que autoridades venezolanas habían emitido una resolución para tomar control temporal de Monaca, como parte de pesquisas sobre un empresario local, pero que la empresa operaba normalmente.
La productora de tortillas y harina de maíz dijo entonces que la medida formaba parte de las investigaciones contra el empresario venezolano Ricardo Fernández, quien está detenido tras la intervención de cuatro pequeños bancos de su propiedad que incurrieron en irregularidades.
Fernández tenía una participación minoritaria indirecta del 24,14% en Valores Mundiales, S.L. y de 40% en Consorcio Andino, S.L., controladoras de Monaca y Demaseca.
