¿Qué tienen en común el gobierno de EE. UU. y el de Guatemala? Que el primero ha cerrado parcialmente como consecuencia de su precaria situación fiscal y el segundo amenaza con hacerlo. Lo otro que tienen en común es que, para no dejar de operar, ambos gobiernos tienen que endeudar más a sus ciudadanos para pagar sus gastos de funcionamiento. Pobre mi país. Con problemas de país desarrollado, pero sumergido en la pobreza. La semana pasada, el ministro de Finanzas anunció en Prensa Libre “la suspensión y cancelación de algunos contratos de personal del Estado y el posible cierre parcial de algunas actividades no esenciales a partir de noviembre… si el Congreso no aprueba dos préstamos destinados a apoyar el presupuesto 2013”. Se queja de la falta de aprobación de un préstamo por US$237 millones ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro por US$200 millones ofrecido por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Responsabiliza de la debacle al Congreso si no aprueba esos préstamos.

Nos siguen metiendo paja. Mientras el ministro amenaza con el caos de un cierre del gobierno, el Congreso debate qué debe hacer. Sin embargo, si leyesen lo que aprueban, se habrían dado cuenta de que desde que aprobaron el presupuesto de gastos del 2013 todo ha sido un montaje. Lea el contenido de la iniciativa de ley 4279 que contiene los créditos y se dará cuenta de que, contrario a lo que se nos dice, se siguen financiando gastos de administración con deuda en violación a la ley. Tanto se quejó el Partido Patriota de esa mala práctica durante el gobierno de la UNE, que ellos vinieron a repetirla y aumentarla.

El decreto dice que el préstamo con el BID es para un “programa de consolidación fiscal para Guatemala”, y el del BIRF, para “políticas de desarrollo de espacio fiscal para mayores oportunidades”. Claramente, los destinos son lo suficientemente amplios como para endeudarnos sin mayores restricciones en cuanto al uso de los fondos. De lo que sí estamos seguros es que no serán para mejorar la infraestructura nacional. Al entrar al fondo común se le perderá la pista. “El dinero es fungible” —dice el refrán—.

Lo cual nos regresa a la responsabilidad que tiene el Congreso respecto de la aprobación de este nuevo endeudamiento. En algún momento se debe poner un freno a esa mala e ilegal práctica de endeudar a los ciudadanos para pagar por el funcionamiento del Gobierno. Es de elemental prudencia y, por ello, en algún momento, también se debe deducir responsabilidades al BID y BIRF, por ser cómplices y avalar esta ilegalidad. Como decían las abuelitas, “hechor y consentidor pecan por igual”.

La pregunta es ¿cuándo es un buen momento para detener esa práctica? La respuesta es obvia: ahorita. Si no le ponemos freno en este momento y pasamos el “rato colorado”, los gobernantes nos seguirán imponiendo miles de “ratos descoloridos” como éste. Estamos en manos de los diputados. Ellos tienen la grave responsabilidad de cumplir con la ley. Deben detener este endeudamiento para siempre.