Los incipientes e imperceptibles avances en la recuperación de la paz -objetivo que con esos términos definió hace un año el gobierno de Enrique Peña- contrastan con el reacomodo que las fuerzas políticas encontraron en el arranque sexenal.

Porque al final de cuentas, pese a diferencias ideológicas, PRI, PAN y PRD concentraron sus energías en la agenda de las reformas, dejando en un plano secundario los asuntos que antes se consideraron críticos para el ciudadano.

En los hechos, pues, la oposición hizo suyas las nuevas prioridades del presidente Enrique Peña, marcadas por la idea estratégica de quitarle reflectores a la crisis de inseguridad y al espiral de violencia criminal que tanto ocupó a su antecesor Felipe Calderón.

Ni siquiera el PAN que en un principio reivindicaba por sobreviviencia lo hecho en la administración anterior, se ha dado a la tarea de intentar al menos que el tema de la seguridad le haga ruido al nuevo discurso presidencial.

Puede haber declaraciones aisladas, propaganda partidista que no pasa de subrayar lo evidente: el problema de la inseguridad persiste, pero en la práctica, los panistas al igual que los perredistas mordieron el anzuelo de la agenda gubernamental. Y en eso no hay diferencias entre aquellos que se aglutinan en torno a la dirigencia de Gustavo Madero y los que siguen al calderonista senador Ernesto Cordero.

Consecuentemente, opositores de izquierda y de derecha se encuentran preocupados en ampliar sus márgenes de influencia frente a lo que la administración federal define como importante y urgente.

Basta observar el silencio cómplice que esta semana hermanó a funcionarios, gobernadores, líderes partidistas y representantes parlamentarios frente al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las autodefensas en Guerrero.

La alerta prendida por el ombudsman Raúl Plascencia reporta que son dos millones 307 mil las personas que habitan en los 46 municipios donde la justicia por propia mano es proporcional a la renuncia de las autoridades estatales para ejercer su responsabilidad.

Es un abandono que afecta a 65% de la entidad que el PRD gobierna a través del ex priista Ángel Aguirre. Pero la dirigencia de Jesús Zambrano -enganchada en las prioridades del gobierno- no tiene tiempo en otra cosa que no sea la preparación de una consulta popular para 2015 sobre la Reforma Energética. El informe recomienda un exahustivo análisis de la Cámara alta, a fin de que ésta defina qué debe hacerse desde el Poder Ejecutivo. Pero aquellos senadores que como Armando Ríos Piter lograron siete mil millones de pesos para la reconstrucción de Guerrero, ahora andan de receso y habrá que esperar a febrero para que tomen cartas sobre un asunto que día con día cobra vidas. En el colmo de la indolencia, apenas ayer, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por el presidente Peña y al que acudieron los mandatarios estatales más afectados por el problema -Ángel Aguirre, pero también el michoacano Fausto Vallejo-, no hubo una sola palabra sobre esta nueva expresión de la violencia que socava la gobernabilidad y erosiona a las instituciones del Estado.

Y es que la prisa por promulgar y deshacer reformas no alcanza para al menos hojear las conclusiones del informe de la CNDH:“Este organismo nacional toma en cuenta las condiciones graves de inseguridad que propiciaron el surgimiento de los grupos de autodefensa y policías comunitarias en el estado de Guerrero, pero también observa que en lugar de asumir el ejercicio de gobierno para recuperar el orden y la paz pública, el gobierno del estado optó por delegar indebidamente sus facultades en estos grupos y por alentarlos e incluso apoyarlos económicamente para que desarrollaran estas funciones”.

Alguna vez se prometió una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, en voz del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa. Hubo también el apuro por gestionar información oficial de parte del presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, el panista Roberto Gil . Pero las reformas acabaron saturando el tiempo, la energía y la narrativa de todos.

De manera que si el logro por los cambios a la Constitución son compartidos, también lo son las omisiones relativas a las respuestas que reclaman los problemas cotidianos de una sociedad que sigue afrontando el costo de la delincuencia y de las limitaciones del Estado para garantizar su seguridad.

Se trata, sin duda, de un éxito inequívoco del gobierno peñista: haber metido en el redil de sus preocupaciones al resto de los actores políticos.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.