Esta auditoría tendrá lugar tras la solicitud de una organización de defensa de los derechos humanos en Centroamérica ante la Corte de Cuentas, que puede imponer sanciones administrativas contra funcionarios.
La entidad que fiscaliza la gestión pública en El Salvador aceptó realizar una auditoría a supuestas irregularidades en la compra de bitcoins y la construcción de quioscos para cajeros de la billetera digital del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La Corte de Cuentas puede imponer sanciones administrativas contra funcionarios y está facultada para presentar avisos ante la Fiscalía General para que inicie procesos penales en caso de encontrar irregularidades en sus investigaciones.
Sin embargo, es poco probable que el caso avance ya que la Fiscalía ha sido cuestionada por responder al presidente Bukele, luego que su anterior titular fuera destituido por diputados oficialistas y el nuevo jefe decidiera suspender investigaciones de presunta corrupción.
A principios de septiembre, Cristosal, una organización de defensa de los derechos humanos en Centroamérica, presentó una solicitud para que la Corte de Cuentas audite los procesos de autorización de la compra de bitcoins y que revise la construcción de las cabinas en donde se instalaron cajeros de la billetera digital gubernamental Chivo.
Además, solicitó investigar los permisos que concedieron las alcaldías donde se construyeron unos 50 centros de atención para los usuarios de la red. El gobierno del presidente Bukele no respondió de inmediato a solicitud de comentarios por parte de Reuters.
"Habiéndose admitido la denuncia interpuesta, procédase a realizar el informe de análisis jurídico y oportunamente, se remita tal informe a la Coordinación General de Auditoría, para que ordene (que se) realice el examen de auditoría correspondiente", dijo la Corte de Cuentas el jueves.
En medio de críticas, El Salvador se convirtió el 7 de septiembre en el primer país en el mundo en adoptar bitcoin como moneda de curso legal.
Según la acusación, funcionarios actuaron presuntamente de forma ilegal al autorizar compras antes de la entrada en vigencia de un fideicomiso de US$ 150 millones para desarrollar el proyecto bitcoin, aprobado por el Congreso el 31 de agosto.
