La iniciativa para un acuerdo de seguridad entre Alemania y México data de 2010. El gobierno alemán reconoce que en México hay impunidad y violaciones a los DD.HH., y ve en ello una razón para continuar con el acuerdo.

El acuerdo bilateral de seguridad entre Alemania y México fue anunciado por el entonces presidente alemán, Christian Wulff, durante una visita oficial realizada al país latinoamericano en mayo de 2011. Según el gobierno alemán, las negociaciones comenzaron en 2010, por iniciativa de las autoridades mexicanas. Desde entonces existía preocupación por la creciente criminalidad en territorio mexicano, y por las violaciones a los derechos humanos en el marco de la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por el gobierno de Felipe Calderón.

Hoy, “el acuerdo se encuentra en una fase muy avanzada, de tal modo que en lo esencial solo falta comprobar aspectos contractuales, así como la compatibilidad de las versiones en los dos idiomas”, dice un documento del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo cuya existencia fue dada a conocer en el sitio América 21, y al cual tuvo acceso DW.

Importancia estratégica. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cooperación entre Alemania y México cobró importancia estratégica a raíz de la crisis de Ayotzinapa. En su propuesta de reforma al sistema de Justicia, el presidente mexicano tomó al modelo policial alemán como ejemplo.

“Alemania, en su calidad de estado federado, determinó concentrar sus funciones básicas de seguridad pública en las policías de los estados y fusionar a las policías municipales con las policías estatales, en respuesta al aumento del crimen organizado y el terrorismo durante la década de 1970”, dice el proyecto de decreto. “Como Alemania lo hizo en su momento, la realidad de nuestro país nos obliga a encontrar una nueva arquitectura institucional y competencial que permita solucionar los problemas que enfrenta actualmente la seguridad pública en su conjunto”, continúa.

Para el gobierno alemán, el objetivo es mejorar la colaboración con el gobierno federal de México –en concreto con la Procuraduría General de la República– y apoyar el combate al crimen organizado. “El terrible crimen reciente en el estado de Guerrero pone de manifiesto que los objetivos del acuerdo son correctos”, dijo el pasado 15 de octubre Maria Böhmer, alta funcionaria del ministerio alemán de Asuntos Exteriores, ante el pleno del Bundestag.

Falta de transparencia. No obstante lo avanzado de las negociaciones, es poco lo que se sabe sobre los términos concretos del acuerdo. “Uno de los problemas que vemos en este tema es la falta de transparencia. Nadie sabe en qué consiste exactamente”, dijo a DW Carola Hausotter, de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM), red de organismos mexicanos, alemanes e internacionales entre los que se encuentra la sección alemana de Amnistía Internacional. No está claro con quién y a qué nivel se produciría esta colaboración bilateral en caso de ser ratificado el acuerdo, agregó.

Tomando como referencia acuerdos similares firmados por Alemania con otros países, la CADHM llamó desde 2012 a que el gobierno germano desista del acuerdo con México. La red consideró que la iniciativa mexicana es “parte de un esfuerzo de política exterior destinado a lavar la imagen” del gobierno de México ante las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y fuerzas policiales.

¿Acuerdo policial? Una de las dudas principales sobre el acuerdo es si implicaría una colaboración directa de Alemania con policías mexicanos. En 2011, los diputados alemanes Andrej Hunko, Heike Hänsel y Wolfgang Gehrcke, del partido La Izquierda, denunciaron que el trabajo conjunto contemplaría la “colaboración operativa a través de medidas policiales”.

Este aspecto causó especial rechazo en algunos sectores de la política y la sociedad en Alemania, y se acentuó después de que se dio a conocer la participación de policías municipales de Iguala en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en colusión con la organización criminal Guerreros Unidos.

Estos graves sucesos, al parecer, han producido ajustes en la negociación del acuerdo. Por un lado, Böhmer recalcó ante los diputados del Bundestag, después de los ataques en Iguala, que la colaboración del gobierno alemán en materia de seguridad se limitaría al ámbito federal del gobierno mexicano. A su vez, el citado informe del ministerio alemán de Cooperación Económica y señaló categóricamente a finales de noviembre pasado que “el acuerdo no contempla la colaboración con policías mexicanas estatales o municipales”.

En otras palabras, Alemania plantea ahora una colaboración teniendo a la Procuraduría General de la República como único organismo interlocutor, así como un claro deslinde de las policías locales, municipales y estatales. En cuanto al posible envío de armas alemanas a fuerzas policiales mexicanas, Böhmer afirmó que “no queremos ningún suministro a militares o policías acusados de corrupción o de violar los derechos humanos”.

Lo que funcionarios, legisladores y activistas alemanes reconocen abierta y unánimemente es lo profundo y complejo de la corrupción y la impunidad en México. Por ejemplo, “solo dos por ciento de todos los delitos conduce a una sentencia”, señala el informe del ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo. La policía en sus niveles más locales es considerada como fácilmente corrompible, continúa. Además, “los carteles de la droga combaten con armas muy modernas, y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han logrado anular de facto el monopolio de la fuerza del Estado mexicano.”

El panorama es complejo. De la solución oficial germano-mexicana no se conocen, por el momento, más que algunas pinceladas.