La ONG reaccionó a la declaración de apoyo a Ecuador y rechazó a "cualquier acción encaminada a desestabilizar al Gobierno" que el Consejo Permanente de la OEA emitió tras escuchar la exposición del ministro de Exteriores, José Valencia, sobre lo ocurrido en la nación andina.
Amnistía Internacional (AI) instó a los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a exigir a Ecuador que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la represión de las protestas contra la reforma económica ideada por el Gobierno de Lenín Moreno.
La ONG reaccionó a la declaración de apoyo "al régimen democrático en el Ecuador" y rechazó a "cualquier acción encaminada a desestabilizar al Gobierno" que el Consejo Permanente de la OEA emitió este martes tras escuchar la exposición del ministro de Exteriores, José Valencia, sobre lo ocurrido la última semana en la nación andina.
"Es muy preocupante que, un día después de haber suspendido el estado de excepción, Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones de Derechos Humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército contra aquellas personas que se manifestaron", dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, en un comunicado.
Guevara advirtió de que, "sin exigir verdad y justicia, los países que conforman la Organización de Estados Americanos estarían dándole la espalda a las víctimas de estas violaciones y propiciando la impunidad".
Así, AI pidió a los estados miembro "exigir que Ecuador investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas".
A las autoridades ecuatorianas, les urgió a "tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia, sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo, así como realizar todas las investigaciones pertinentes".
También pidió a Moreno "garantizar que las medidas de austeridad, como aquellas que motivaron las manifestaciones masivas en el país, se diseñen y se apliquen de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" de modo que sean "temporales, razonables y proporcionadas".
Crisis política. Las protestas, protagonizadas por los indígenas, aunque también ha habido participación de sindicatos y estudiantes, comenzaron el 1 de octubre, cuando Moreno dio a conocer el "paquetazo" de ajustes económicos pactado con el FMI a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.
Las partes iniciaron el domingo un diálogo, bajo los auspicios de la ONU y la Conferencia Episcopal, en el que el Gobierno se comprometió a dar marcha atrás en su medida más polémica, la eliminación de los subsidios al combustible, y los manifestantes a poner fin a las protestas.
Moreno derogó el decreto 883 el lunes y accedió a negociar con los indígenas los nuevos ajustes económicos, para lo cual debían reunirse este martes, aunque la sesión fue pospuesta, según informaron los mediadores, por razones que no han trascendido.
El presidente ecuatoriano ha acusado directamente a su antecesor en el cargo y antiguo aliado, Rafael Correa, así como a sus socios, entre ellos el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas para derrocar a su Gobierno en un "golpe de Estado", algo que ambos han negado.
