En un nuevo informe sobre la actuación policial en el "estallido social", la organización pide que se investigue a todos los mandos y no sólo a los oficiales operativos, porque la evidencia sugiere que su proceder se debió a una "política" y no exclusivamente a responsabilidades aisladas.
Santiago. Los fiscales chilenos deben asegurar que la policía sea investigada penalmente por su posible responsabilidad en actos de violencia "sin precedentes" en tiempos de democracia durante el control de masivas protestas sociales a fines del año pasado, urgió este miércoles la organización Amnistía Internacional.
En un nuevo informe sobre la actuación policial en el "estallido social" que sacudió Chile desde octubre, la organización pide que se investigue a todos los mandos y no sólo a los oficiales operativos, porque la evidencia sugiere que su proceder se debió a una "política" y no exclusivamente a responsabilidades aisladas.
"Los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no tenían precedentes en tiempos de democracia", dijo la organización en su reporte "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social".
Basándose en cifras de la Fiscalía, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía reportó que más de 12.500 personas requirieron atención en hospitales públicos por incidentes durante las protestas, contra 2.300 policías lesionados.
También consignó más de 5.500 víctimas de violencia institucional y 285 casos de lesiones oculares, según datos de la Fiscalía, así como decenas de víctimas de violencia sexual, investigaciones por tortura y malos tratos.
El reporte analiza hechos ocurridos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre y está centrado en el escuadrón antimotines, encargado del orden público.
La ola de protestas, sin embargo, se extendió hasta inicios de marzo y decayó tras la irrupción del coronavirus. En las últimas semanas, con el paulatino inicio del desconfinamiento, las manifestaciones callejeras han resurgido en Santiago y otras ciudades.
Detonadas inicialmente por un alza en el precio del transporte, las manifestaciones dejaron una treintena de muertos, miles de detenidos y cuantiosos daños materiales.
"Amnistía Internacional corroboró que en numerosas ocasiones oficiales de Carabineros ejercieron fuerza física deliberada, de forma desproporcionada y sin que hubiera necesidad de ello", dijo el reporte.
La organización cuestionó que la policía utilizara armas potencialmente letales, como escopetas antidisturbios, para el control de manifestaciones. El material de sus municiones -balines de goma y metal- resultó ser "altamente dañino porque penetraba la piel y se dispersaba al disparo" y su uso debió estar prohibido.
"A pesar de ello, funcionarios de Carabineros dispararon de manera prácticamente descontrolada e indiscriminada", dijo el reporte, que destacó los casos de personas que quedaron ciegas como Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza.
El "uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros" y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente, señaló el informe.
La política habría venido desde los mandos superiores y "habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del 'orden público'". Por eso, junto con sugerir una reforma a la policía militarizada, Amnistía urgió a la Fiscalía a continuar sus investigaciones.
Y agregó que si bien no analiza responsabilidades de otros actores, resalta la "falta de control" del gobierno de Sebastián Piñera sobre la institución, por lo que pidió también "que sean deslindadas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible".
