"La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía", ha explicado Bachelet, durante la 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expuesto este jueves en Ginebra la preocupación del organismo por el "procesamiento" de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la Administración del expresidente de Bolivia Evo Morales.
"La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía", ha explicado Bachelet, durante la 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la cita también se ha abordado la situación, no sólo de Bolivia, sino del resto de países de la región, como Colombia, Venezuela, Chile, o Guatemala, así como de Estados Unidos.
En ese sentido, Bachelet ha informado del envío reciente de una misión de su Oficina para apoyar "los esfuerzos de la ONU orientados a superar la actual crisis social y política", que comenzó tras los comicios del pasado 20 de octubre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertó de la situación en diciembre al hallar "graves violaciones de los Derechos Humanos" durante las protestas que se produjeron tras la anulación de los resultados electorales ante las denuncias de un supuesto fraude electoral practicado por el expresidente Morales, actualmente en Argentina tras dimitir de su cargo el 10 de noviembre.
Bachelet se ha referido así a los distintos altos cargos y personas de confianza de Morales, que actualmente están perseguidos por la Justicia, acusados de delitos de "sedición" y "terrorismo".
Son los casos de los antiguos ministros de la Presidencia y de Cultura y Turismo, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, respectivamente, quienes permanecen junto a otras autoridades en la Embajada de México en Bolivia, sin poder salir del país.
Sin embargo, hay otros antiguos altos funcionarios que han sido encarcelados, como el que fuera ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, detenido esta semana tras ser acusado de haber ejercido de manera "indebida" su cargo, así como de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y prolongación de funciones, al designar de "manera irregular" a Juan Carlos León como encargado del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Una situación similar es la de Carlos Romero, antiguo titular del Ministerio de Gobierno, en la cárcel actualmente tras ser hallado culpable por un caso de corrupción detectado en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).
Por último, la colaboradora y abogada de Morales, Patricia Hermosa, también ha sido encarcelada tras ser acusada de haber mantenido conversaciones telefónicas con el expresidente mientras se hallaba bajo asilo en Argentina.
