Según las informaciones recabadas por la Comisión de la ONU para los DD.HH., al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas -entre ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad- durante los once días de disturbios.
La ola de protestas que vivió Ecuador en octubre se saldó con al menos nueve muetos y unos 1.500 heridos, un "alto coste humano" que ha lamentado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuya oficina ha hecho público este viernes un informe en el que cuestiona el uso de la fuerza por parte de policías y militares.
La derogación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno de Lenín Moreno desencadenó el 3 de octubre unas manifestaciones que se extendieron hasta el día 13 y durante las cuales el presidente llegó a decretar el estado de excepción. Por invitación del propio Ejecutivo, una misión del Alto Comisionado investigó los posibles abusos entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre.
Según las informaciones recabadas por este equipo, que realizó 373 entrevistas, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas --entre ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad-- durante los once días de disturbios.
"Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto coste humano", ha lamentado Bachelet, quien ha insistido que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas". En total, 1.382 personas fueron arrestadas durante las protestas.
Las posibles detenciones arbitrarias figuran entre las preocupaciones de la oficina de Derechos Humanos, en la medida en que habría habido arrestos masivos y, en algunos casos sin pruebas. Según los datos del Gobierno y la Fiscalía, el 80% de estos arrestados quedó en libertad posteriormente, en la mayoría de los casos sin cargos.
Al 20% restante se le han imputado delitos como infracciones, agresiones, asociación ilícita y terrorismo. Este último cargo se ha utilizado contra al menos 30 sospechosos acusados de incendiar el edificio de la Contraloría en Quito.
Bachelet ha instado a las autoridades ecuatorianas a garantizar que "a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto", así como que los imputados logren "un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional".
"También debería proporcionarse un conjunto exhaustivo de reparaciones a las víctimas. Las personas no solo tienen derecho a la verdad, sino también a una reparación, que incluya las garantías de no repetición", ha añadido. De lo contrario, según Bachelet, "prevalecerá el sentimiento de decepción e injusticia".
Uso de la fuerza. El Alto Comisionado también ha expresado sus dudas sobre el uso de la fuerza en el marco de las protestas, tanto por parte de la Policía como de las Fuerzas Armadas, desplegadas a raíz del aumento del nivel de alerta. En este sentido, y por lo que relatan víctimas y testigos, pudo haber un uso "innecesario y desproporcionado" de la fuerza.
Las fuentes consultadas por la misión dan cuenta del uso de gases lacrimógenos y perdigones disparadas a corta distancia, dos métodos represivos que estarían detrás de "cientos" de heridos y "posiblemente" de alguna de las muertes, según el comunicado de la oficina de la ONU.
A pesar de que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones, respectivamente, el Alto Comisionado ha instado a analizar caso por caso las circunstancias de todas las víctimas, así como a revisar los protocolos internos de las fuerzas de seguridad para verificar que cubren los criterios internacionales.
Críticas a manifestantes. Las críticas de la oficina de Bachelet también se extienden a parte de los manifestantes, acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Así, ha lamentado los casos de ataques contra ambulancias, la destrucción de propiedades y los cortes del suministro de agua, entre otros incidentes evitables registrados durante los disturbios.
Además, según datos del Gobierno, más de 400 agentes de la Policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, en algunos casos "sometidos a vejaciones y malos tratos".
Por otra parte, la misión internacional ha recibido informaciones de más de cien agresiones a periodistas. Bachelet ha pedido a las autoridades que se abstengan de cualquier iniciativa que pueda estigmatizar y exponer a nuevos riesgos a informadores y otros colectivos vulnerables, como indígenas o extranjeros.
Causas subyacentes. El Alto Comisionado ha apelado al diálogo "para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica", llamando a atender las causas subyacentes a la reciente crisis social. Considera que cualquier medida económica y fiscal debería tener en cuenta a las poblaciones afectadas, especialmente si estas ya están en una situación desfavorable.
"La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro", ha afirmado la expresidenta chilena.
A su juicio, "es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica".
