Una comisión parlamentaria, que investigó nexos de bolivianos con las firmas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en la construcción de carreteras, reveló “movimientos inusuales y sospechosos” en las cuentas del ex mandatario Mesa, y solicitó una investigación judicial.

La Paz. La Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó el caso Lava Jato, que en Bolivia se conoce como Odebrecht, concluyó su trabajo y estableció tres indicios que vinculan con el escándalo a ocho exfuncionarios de tres gobiernos, entre ellos el ex presidente Carlos Mesa. No se investigó al gobierno del presidente Evo Morales.

Mesa, a través de una misiva, había demandado en las horas precedentes a la misma comisión que se incluya en la indagación a la administración de Morales sin saber que el trabajo había concluido el 2 de octubre, hace más de un mes.

“Hemos terminado la investigación con ocho personas que tienen indicios muy serios”, anunció la presidenta de la Comisión Mixta Especial de Investigación del caso Camargo Correa – Odebrecht en una conferencia de prensa.

Se investigó además de la gestión de Mesa a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Rivero remarcó que el “modus operandi es idéntico” a los casos de sobornos para la adjudicación de obras detectados en otras naciones. Ése es, según dijo, el primer indicio de que el escándalo internacional tocó a la construcción de la carretera Roboré - El Carmen, en Santa Cruz.

“El segundo indicio que tenemos es las enormes coincidencias (de viajes) de altos funcionarios incluidos Presidentes con los dos CEOS (altos ejecutivos) de ambas empresas con sede en Perú: Marcos de Moura Walderley y Jorge Barata (…) eran los gestores para que les habiliten un decretito y el decretito salía como ellos pedían”, añadió.

Según el parte que redactó la comisión, Mesa “tuvo 16 coincidencias en el periodo investigado”, precisó Rivero, quien aseguró que en el juicio del mismo escándalo en Estados Unidos se estableció que si bien “se amarraban el negocio antes de adjudicarse la obra, continuaban pagando incluso cuando ya era entregada”.

Un tercer indicio “que alarma a la Comisión son los movimientos (bancarios) inusuales y sospechosos” que no tienen justificación.

“Hemos decodificado los movimientos sospechosos e inusuales del señor Mesa (…) Seguramente la instancia competente deberá investigar a quién corresponde y de dónde provienen”, señaló la lgisladora.

También se sospecha por este mismo aspecto de un ex ministro de Sánchez de Lozada, un ministro y dos viceministros de Mesa vinculados con obras públicas; un ministro de Rodríguez Veltzé y dos gerentes del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC).

“Tres indicios que prueban que Lava Jato llegó a Bolivia y que esta investigación debe continuar a través de las instancias respectivas para que el Ministerio Público empiece una investigación jurisdiccional y puede entrevistar en Brasil con los pagadores y que sean ellos en qué circunstancias ha operado y con qué personas en Bolivia”, subrayó Rivero.

Mesa, en reiteradas ocasiones, ha salido al frente para defender su inocencia. En ese ínterin, y en medio de la lectura del fallo de la demanda marítima boliviana, fue favorecido, junto con el ex presidente Jorge Quiroga, este último por el caso Petrocontratos, con una amnistía gestionada por el propio presidente Morales.

A la fecha se desconoce si los dos exgobernantes tramitaron su adhesión al beneficio.

Investigación. La Comisión trabajó más de cinco meses, del 16 de abril al 2 de octubre de este año, sobre la base del informe de la Policía Federal del Brasil denominado Castillo de Arena que fue “solo referencial” debido a que se revisaron unos 10.000 documentos vinculados con la obra.

El mecanismo de soborno “se aplicó exactamente igual que en el resto de los países”, señaló la legisladora. Para la adjudicación de obras se tomaban decisiones de alto nivel y las reparticiones ejecutoras como el SNC que “simplemente los aplicaron”.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que “todo se decía por decreto”, algunos de “urgencia”, que “eran promovidos por personas de confianza en interinatos cortos”.

La “negociación” de la adjudicación de la carretera “empezó con Gonzalo Sánchez de Lozada en abril de 2003”, luego “estás carreteras fueron gestionadas y negociadas, desde la licitación hasta que se firmó el contrato principal, en el gobierno de Carlos Mesa”, dijo Rivero.

Por último, en la gestión de Rodríguez Veltzé, se “hizo el contrato modificatorio, rebajó $us 42,5 millones a las dos carreteras, cambio el financiamiento” y “en el Gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado y más bien se renegociaron las tasas de interés”, añadió.