Desde por lo menos el año 2003 un proyecto de ley destinado a regular la industria del lobby ha estado dando vuelta por los pasillos del Congreso de Chile. Pero ¿qué es exactamente lo que se busca regular? ¿Tráfico de influencias? ¿Donaciones políticas? ¿Reuniones privadas en Borderío (una exclusiva zona de restaurantes de la capital chilena)?

Apócrifamente se dice que el origen de la palabra se encuentra en el lobby del Hotel Willard de Washington DC, donde empresarios iban a tomarse una copa con el presidente U.S. Grant, para solicitar favores y a llegar a diversos acuerdos. Sin embargo, es razonable suponer que desde que existen gobernadores -emperadores, reyes, presidentes y primer ministros- han existido personas o grupos que van a verlos para pedirles cosas. 

En Chile, del Club de Golf al Club de la Unión (no sé si realmente existe el Club de Cachagua al que alguna vez se refirió Patricio Navia), la práctica tampoco es nueva. Pero con la llegada de la democracia, las demandas por más transparencia y acceso a la información (y el uso de palabras en inglés), se comenzó a pedir más accountability en cuanto al lobby. Así es que por casi una década el Congreso ha estado evaluando las posibilidades de regular el lobby en Chile.

Como en todo marco regulatorio, hay problemas. Algunos, apoyándose en antiguos argumentos norteamericanos, dicen que una ley de este tipo representaría un impedimento a la libertad de expresión y asociación. Pero nadie esta restringiendo estas dos libertades fundamentales, solamente pidiendo que se transparenten y que quede un registro de quién contrató a quién para hablar con quién.

Esto es precisamente lo que hace en Estados Unidos la Ley de Divulgación del Lobby (Lobbying Disclosure Act) de 1995. En primer lugar, la ley define ampliamente las personas, organizaciones y empresas que se dedican al lobby. Es decir, no se consideran solamente aquellas que se declaran ser empresas de lobby, sino a oficinas de abogados y consultoras de todo tipo. Determina, además, que estas empresas no tendrán derecho a recibir contratos, préstamos, u otros beneficios del gobierno (en realidad, esto favorece a la industria, ya que obliga que empresas dependan de terceros -lobistas- para hacerle el trabajo sucio).

La ley del lobby norteamericana también obliga a la divulgación de cuánto gastan las empresas en este ítem. Está de más decir que los montos son estratosféricos. Las empresas u organizaciones que más han gastado en los últimos 20 años han invertido un total de entre 30 y US$45 millones cada una. Sin embargo, es interesante observar que estos grupos no representan solamente a los grandes bancos o industrias, sino que también a poderosos sindicados y gremios (de empleados públicos, abogados, profesores y camioneros).

Este último punto subraya un argumento central: que el lobby, bien regulado, puede ser un elemento crucial de la democracia, ayudando y animando a grupos de distintos intereses y orígenes a organizarse para participar en el juego político. El dinero está siempre presente, por cierto, pero Chile parece estar lejos de tener un sistema en que los sindicatos aparecen al lado de los grandes bancos como actores importantes en una cancha más o menos nivelada.

Finalmente, es interesante que en los informes públicos también se indica hacia qué partido o qué candidato, o hacia qué senador se ha dirigido todo este dinero, lo que deja claro que el tema del lobby no se puede separar de una buena ley de donaciones políticas, financiamiento político y gasto electoral. Es interesante también observar que, en el caso norteamericano, son los Demócratas los que más se han beneficiado del sistema.

Una ley del lobby es el punto de encuentro entre el crecimiento económico, las demandas ciudadanas, la política y las comunicaciones. Las oportunidades que brinda el crecimiento implican que habrá cada vez más presión por obtener algún beneficio -en cuanto a regulación, permisos, tributación, etc.- del Ejecutivo o el Congreso. Las demandas ciudadanas y las comunicaciones ofrecerán más y más oportunidades por investigar y saber cómo se maneja el dinero y la influencia en el sistema político. Y los políticos se encontrarán cada vez más bajo la lupa ciudadana. Una buena ley del lobby tiene la capacidad de proteger a todos los actores relevantes, e incluso fomentar la organización y participación política.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en ElDínamo.cl.