Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafaél Correra, está preso desde 2017 por recibir sobornos por US$13,5 millones provenientes del conglomerado brasileño de negocios Odebrecht.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves a Ecuador que adopte medidas cautelares para el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena por el caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, informó su abogado Fausto Jarrín.
La CIDH "nos acaba de conceder medidas cautelares a favor de Jorge Glas, la justicia a veces tarda pero siempre llega", escribió Jarrín en su cuenta de Twitter.
El mensaje estaba acompañado de un extracto de la resolución en la que la Comisión solicita a Ecuador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" del exfuncionario, quien fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita.
Jarrín comentó que la resolución "sugiere al país la conformación de una mesa de negociación" entre abogados, familia y entidades estatales a fin de buscar medidas para garantizar la seguridad del exvicepresidente.
Arresto domiciliario. A través de la mesa de negociación "podríamos pretender quizá hasta la posibilidad de un arresto domiciliario o con mucha seguridad un traslado de cárcel que le permite a Jorge Glas estar más cerca de los centros médicos de alto nivel que se encuentran en Quito", expresó Jarrín.
Glas está detenido desde octubre de 2017. El exvicepresidente, quien fue el responsable de los sectores estratégicos de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple su condena en una cárcel de la andina provincia de Cotopaxi.
El exvicepresidente fue reelegido en 2017 junto al mandatario Lenín Moreno, pero perdió su cargo en enero de 2018 por ausencia definitiva al estar preso por recibir sobornos por US$13,5 millones provenientes de Odebrecht.
Glas también está siendo procesado por peculado, castigado con hasta 13 años de prisión y cuyas acciones son imprescriptibles, en otra causa que, según la Fiscalía, ocasionó perjuicios al Estado por unos US$28 millones por irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero.
