El jefe de la comisión parlamentaria que se ocupa de la acusación constitucional, Daniel Verdessi, ha informado este miércoles de que la primera votación tendrá lugar el próximo jueves en la Cámara de Diputados.
El Congreso de Chile votará el 12 de diciembre la acusación constitucional impulsada por un grupo de diputados opositores contra el presidente, Sebastián Piñera, por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la represión de las protestas contra el Gobierno.
El jefe de la comisión parlamentaria que se ocupa de la acusación constitucional, Daniel Verdessi, ha informado este miércoles de que la primera votación tendrá lugar el próximo jueves en la Cámara de Diputados.
El mandatario chileno aún debe presentar su respuesta a la acusación constitucional, para lo cual tiene de plazo hasta la medianoche del jueves, por lo que se espera que la envíe al Congreso en las próximas horas.
"Ahí representamos la convicción profunda y total del Gobierno de que esta acusación no tiene asidero", ha dicho la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar. Según ha explicado, la defensa de Piñera planteará una cuestión previa alegando la falta de fundamento legal para evitar que el proceso continúe.
Diez diputados opositores, el número mínimo de firmantes para que salga adelante, presentaron el 19 de noviembre una acusación constitucional contra Piñera en el Congreso por las "graves" violaciones de los Derechos Humanos a manos de "agentes del Estado" que se han producido durante las protestas.
Para que prospere, requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos terceras partes en el Senado. Hasta ahora, solo tres presidentes han sido sometidos a un 'impeachment' en Chile, Manuel Montt en 1868, que ganó; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue cesado; y Arturo Alessandri en 1939, cuyo proceso naufragó antes de concluir.
La acusación constitucional solo se puede lanzar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, por "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". En el caso de ser aprobada, implica la destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos. También puede precipitar un proceso civil o penal.
Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. Al menos 22 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.
Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. Además, ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.
