Los ecuatorianos acudirán a las urnas este 7 de mayo para decidir sobre un polémico paquete de reformas que buscan modernizar la justicia del país andino, en medio de críticas de sectores que temen que las medidas extiendan los poderes del presidente Rafael Correa.

Quito. Los ecuatorianos acudirán a las urnas este 7 de mayo para decidir sobre un polémico paquete de reformas que buscan modernizar la justicia del país andino, en medio de críticas de sectores que temen que las medidas extiendan los poderes del presidente Rafael Correa.

Con un apoyo popular de más del 50%, aún después de cuatro años de mandato, no sería extraño que Correa gane con comodidad el referendo y consulta popular y consolide su imagen de cara a una posible reelección en el 2013.

Sin embargo, la campaña electoral ha encendido las críticas de sus opositores que no han logrado unificar sus esfuerzos para detener el proyecto político de Correa, quien forma parte de la alianza izquierdista regional junto con sus homólogos Hugo Chávez, en Venezuela; y Evo Morales, en Bolivia.

A continuación algunas preguntas y respuestas acerca del referendo:

¿Qué temas votarán los ecuatorianos en las urnas?

Los votantes tendrán que aprobar o rechazar 10 propuestas, cinco de las cuales permitirán al Gobierno reformar la Constitución ecuatoriana aprobada en el 2008 por una Asamblea Nacional impulsada por Correa.

Mientras que otras cinco consultas serán acerca de la prohibición de ciertas actividades.

La atención se centra en dos tesis que sugieren una reorganización del sistema judicial que ha sido fuertemente criticado por su ineficiencia y cuestionado por acusaciones de corrupción.

La preocupación radica, según lo planteado por la oposición, en que el paquete de medidas permitiría al primer mandatario, educado en Estados Unidos y Bélgica, tener el control sobre la designación de una comisión de tres jueces que se ocupará de reformar la justicia en 18 meses.

Otros dos cuestionamientos apuntan a limitar la caducidad de la prisión preventiva y a que los jueces favorezcan la prisión preventiva sobre las medidas cautelares con el fin de evitar que sospechosos puedan obtener su libertad.

Finalmente, se consultará si debe cambiarse la Constitución para prohibir a los banqueros y propietarios de medios de comunicación tener negocios que no estén vinculados con sus sectores, en un intento por eliminar el conflicto de intereses en el ejercicio de dichas actividades.

Otros cinco cuestionamientos están dirigidos a prohibir o dar la calificación de delito a las siguientes actividades:

1. Enriquecimiento privado no justificado.

2. Negocios de casinos y juegos de azar en general.

3. Espectáculos que tengan como fin el sacrificio de un animal, incluyendo corridas de toros.

4. Difusión de mensajes de violencia y discriminación sexual en los medios de comunicación, a través de la aprobación de una Ley de Comunicación que creará un ente de regulación.

5. La no afiliación de trabajadores al Seguro Social estatal.

¿Apoyarán los votantes las propuestas de Correa?

Analistas estiman que Correa ganará apoyo, con facilidad, a la mayor parte de las propuestas, puesto que acudirá a las urnas respaldado por un alto nivel de popularidad y un carisma que lo ha caracterizado durante los procesos electorales.

Sus rivales de turno, por el contrario, esperarán los resultados conscientes de que la campaña por el "No" ha mostrado signos de debilidad por la dispersión de fuerzas.

Los expertos aseguran que la gran mayoría de simpatizantes de Correa, quienes apoyan sus programas de inversión social y se identifican con su estilo directo, votarán a favor de las reformas por el hecho de que su líder respalda el proceso.

Sin embargo, existirá un grupo importante de electores indecisos que podrían votar en contra de algunos de los puntos del cuestionario.

Pero no todo el panorama es sencillo para el oficialismo ya que en el caso de lograr un triunfo electoral apretado podría enfrentar una polarización política en el volátil país y generar separaciones en el seno del movimiento Alianza País.

Varios asambleístas y dos ministros de menor rango ya han retirado su apoyo a Correa este año argumentando que la consulta busca reforzar su control del poder.

Entre los principales opositores al proceso electoral está el hermano del presidente, Fabricio Correa, y el periodista Carlos Vera, quienes sin embargo no cuentan con partidos políticos para hacer una campaña, por lo que difícilmente podrían frenar las aspiraciones del Gobierno.

¿Tomará Correa el control del Poder Judicial? Con las reformas judiciales, el Gobierno busca crear una comisión tripartita que se encargará de reformar todo el sistema en un plazo de 18 meses, nombrando los jueces para la Corte Nacional de Justicia, el más alto organismo de control del sector, y otras cortes de menor jerarquía.

Uno de los tres miembros de la comisión será escogido por Correa, otro será designado por la Asamblea, donde el partido oficial tiene mayoría; y un tercer miembro será nombrado por la Función de Transparencia y Control Social que se encuentra influenciada por políticos alineados con el oficialismo.

Una vez concluida la reforma a la justicia, la comisión temporal será reemplazada por un consejo conformado por cinco miembros que dirigirán el organismo por seis años.

Opositores han refutado que la forma de elección del consejo pudiera ser influenciada por el oficialismo.

¿Está en peligro la libertad de prensa?

Una de las reformas que ha generado mayor controversia es la que ordenaría la tramitación inmediata en el legislativo de una ley de comunicación que creará un organismo que regulará que los medios no distribuyan contenidos violentos o discriminatorios.

Correa fustiga regularmente a los medios locales por cuestionar sus políticas, alimentando los temores de censura.

"Nos están diciendo que la prensa tiene derecho a mentir e insultarte por ser presidente (...) Por favor, eso no resiste ningún argumento", dijo Correa en una entrevista reciente.

¿Deberían preocuparse los inversores extranjeros por las elecciones?

Desde que Correa asumió su cargo en enero del 2007 no ha escatimado esfuerzos en su búsqueda por incrementar los ingresos del Estado obligando a inversionistas extranjeros a ceder gran parte de sus ganancias por medio de la creación de nuevas leyes y una nueva Constitución.

La relación del mandatario con los inversionistas ha sido complicada. Prueba de ello, en el 2008 declaró una moratoria de deuda por unos 3.200 millones de dólares y en el 2010 obligó a las petroleras privadas a firmar nuevos contratos donde reducía sus ganancias, en un proceso que tuvo efectos negativos en el bombeo de crudo del socio más pequeño de la OPEP.

Sin embargo, las propuestas planteadas en la consulta popular y referendo no están dirigidas a cambiar las condiciones de los inversionistas en Ecuador, cuyos principales productos de exportación son petróleo, banano, cacao y café.

De hecho, una modernización del sistema judicial en la nación sudamericana podría reducir los índices de criminalidad mejorando su imagen ante turistas e inversionistas extranjeros.