Según ha explicado el organismo en un comunicado, su titular, Nadia Cruz, ha estado presente en las autopsias de los ocho fallecidos junto con personal de la Defensoría, tras haber conversado con familiares de las víctimas y haberles convencido de que se les realizaran los exámenes forenses.
Las ocho personas fallecidas el martes en el marco del operativo de seguridad para desbloquear la planta de hidrocarburos de Senkata, en los alrededores de La Paz, fallecieron por "impacto de proyectil por arma de fuego", ha informado este jueves la Defensoría del Pueblo boliviano, que se ha comprometido a hacer seguimiento a la investigación abierta por el Ministerio Público.
Según ha explicado el organismo en un comunicado, su titular, Nadia Cruz, ha estado presente en las autopsias de los ocho fallecidos junto con personal de la Defensoría, tras haber conversado con familiares de las víctimas y haberles convencido de que se les realizaran los exámenes forenses.
"La Defensoría del Pueblo se comprometió a velar que se garantice el debido proceso y que las familias alcancen la justicia por estas muertes", ha precisado el organismo, que también se ha comprometido a tratar de facilitar la "pacificación" en el país.
Entretanto, desde la planta de YPBF en Senkata, en la ciudad de El Alto, ha partido hacia La Paz una marcha multitudinaria y que abren algunos de los féretros de las víctimas. Durante su avance, los participantes están profiriendo gritos reclamando "justicia" y han tachado de "asesina" a la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, según 'Página Siete'.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ha asegurado que el Gobierno de Jeanine Áñez va a "garantizar su recorrido por todas las arterias". "Confiamos en que no se genere vandalismo, entendemos la dura situación que se vive porque realmente es tenso lo que hay", ha añadido, según informa la agencia estatal ABI.
Asimismo, Santamaría ha invitado a quienes participan en la marcha, en su mayoría partidarios del expresidente Evo Morales y miembros de comunidades indígenas, al diálogo. "Vamos asistir al diálogo, donde ellos digan, cuando ellos digan, con quienes se disponga inclusive con los pequeños sectores radicales que quieren promover terror en la ciudad de El Alto", ha afirmado.
Las familias piden justicia. "Lo que queremos es justicia. Pido por mi hermano y por todos los muertos que tenemos en este momento. Estoy bien afligido. No sé dónde acudir, porque en todos nuestros ministerios está ya dentro la lacra del Gobierno de Áñez", señaló a Europa Press Carlos Blanco, familiar de uno de los fallecidos, durante el velatorio del miércoles.
Senkata fue bloqueada la semana pasada por seguidores de Morales, lo que provocó un grave desabastecimiento de combustible en la ciudad de La Paz, situada a una veintena de kilómetros. Este martes, un dispositivo compuesto por centenares de policías y militares se presentó en el lugar y consiguió la salida de unos 40 camiones cisterna de la planta. Poco después, se produjeron choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que se saldaron con ocho muertos.
"Mi hermano salía como todos los días a trabajar. Los militares lo asesinaron en el camino a su trabajo. Los militares del Ejército de este Gobierno de facto, golpista. Que ha entrado a asesinar gente. Nos están masacrando con armamento de última tecnología. Armamento mandado por Estados Unidos", denunció Blanco.
"Todos los alteños estamos acongojados por la actitud que tienen estos neoliberales. Masacrando a la gente pobre. Masacrando a la gente humilde. Masacrando a la gente que no está armada", comentó por su parte Severo Ochoa, cuñado de uno de los muertos. "Pedimos la cárcel para Áñez y para el ministro de Defensa Arturo Murillo, que es su cómplice. Es un mentiroso", aseguró.
