Las investigaciones preliminares señalan que el ex presidente Mauricio Funes y el ex ministro David Munguía, detenido, convinieron una tregua con las pandillas entre 2012 y 2014 para reducir los homicidios a cambio de beneficios para esos grupos.

San Salvador. Un exministro de Defensa de El Salvador fue detenido bajo la acusación de haber pactado una tregua con las violentas pandillas o maras del país centroamericano, dijo la fiscalía general, que giró también una orden captura contra el expresidente Mauricio Funes por el mismo caso.

Funes, que es requerido por otros cinco procesos judiciales, gobernó entre 2009 y 2014 con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y en 2016 huyó a Nicaragua, donde permanece asilado, alegando persecución política.

Según dijo la fiscalía general el jueves por la noche, las investigaciones preliminares señalan que Funes y el general David Munguía, el exministro de Defensa detenido, convinieron una tregua con las pandillas entre 2012 y 2014 para reducir los homicidios a cambio de beneficios para esos grupos.

"Tanto el (ex)presidente Funes, obviamente, como mando jerárquico, y el (ex)ministro de la Defensa Nacional fueron los que lideraron y los que llevaron a la ejecución este tema del pacto con las pandillas", dijo el fiscal general, Raúl Melara, a una televisión local.

El supuesto acuerdo con las pandillas habría sido la causa del descenso de homicidios en el país latinoamericano al detener la confrontación entre las sanguinarias Mara Salvatrucha y Barrio 18. Además, los bandos supuestamente entregaron armamento a las autoridades.

Munguía, a quien se imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, alternó funciones como ministro de Defensa y ministro de Seguridad entre 2009 y 2019, durante las dos administraciones del FMLN, encabezadas por Funes y Salvador Sánchez Cerén.

En respuesta a la orden de captura en su contra, Funes negó el viernes en Twitter la comisión de los delitos, dijo ser blanco de una persecución y denunció que la fiscalía general salvadoreña no ha presentado pruebas que lo incriminen.