La acusación fue presentada a mediados de octubre a raíz de la controversia desatada por la divulgación de los llamados Pandora Papers, que aluden a una cláusula en la venta en 2010 de la Minera Dominga que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios.
El proceso de juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, por eventuales irregularidades en la compraventa de una minera revelados por los denominados Pandora Papers, avanzó al Senado tras ser aprobado este martes por la mayoría necesaria de diputados.
Tras casi 22 horas de debates en la Cámara la acusación, que necesitaba 78 votos para avanzar, fue aprobada por la cuenta mínima, 67 en contra y tres abstenciones. En la Cámara Alta requiere el voto de dos tercios de los 43 senadores.
Por tratarse de la figura del presidente de la República, Piñera podrá continuar con sus funciones mientras prepara su defensa ante el Senado, que oficiará de tribunal en el juicio.
Durante la extensa sesión en la Cámara, que arrancó la mañana del lunes, uno de los diputados acusadores expuso durante unas 15 horas, en una estrategia opositora para asegurar los respaldos necesarios. Un diputado tenía que llegar después de cumplir su cuarentena obligatoria por coronavirus.
"Este es un momento histórico que estamos viviendo", dijo tras la votación el diputado socialista Jaime Naranjo, encargado de la lectura.
La acusación fue presentada a mediados de octubre a raíz de la controversia desatada por la divulgación de los llamados Pandora Papers, que aluden a una cláusula en la venta en 2010 de la Minera Dominga que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios.
El traspaso de la mina -ubicada en una zona costera del norte de Chile cerca de una reserva natural- ya fue estudiado y sobreseído por tribunales en 2017, pero tras la publicación de los Papeles de Pandora la fiscalía decidió abrir una nueva investigación.
Piñera estaba entonces en su primer gobierno. Según la acusación, el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.
Antes de ser votada por los diputados el martes, la acusación constitucional ya había sido rechazada por una comisión de legisladores que la revisó preliminarmente.
La defensa del mandatario ha argumentado que la acusación era "una ostensible maniobra político-electoral" que "carece de todo argumento fáctico y jurídico", insistiendo en que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.
