En ese contexto un diplomático mexicano aseguró al diario El Universal que su país no apoya el criterio de Ecuador, sino los cambios que la misma CIDH propuso en un informe.

Los cambios que plantea el gobierno ecuatoriano al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son apoyados del todo por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esto mientras analistas como Jorge Sosa, catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, critican la postura del Gobierno. Sosa, quien enseña sobre el sistema de protección de Derechos Humanos, no está de acuerdo con la gira del canciller Ricardo Patiño por países de América Latina, a los que acudió en busca de respaldo a las propuestas de Ecuador, que se debatirán en la reunión de el viernes 8 en Guayaquil.

Los representantes de los 24 países del hemisferio que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el pacto de San José, tienen previsto asistir a la cita en la ciudad.

El experto cree que el encuentro busca presionar los cambios a la CIDH, pero dice que solo los miembros de la Comisión tienen la potestad de acoger las recomendaciones de los estados. “No se necesitan votos de los países. El año pasado la Asamblea General de la OEA ya aprobó que se hagan reformas, pero los comisionados decidirán cuáles”, dijo.

En ese contexto un diplomático mexicano aseguró al diario El Universal que su país no apoya el criterio de Ecuador, sino los cambios que la misma CIDH propuso en un informe.

“México considera que tiene que haber visiones más despolitizadas, y se tiene que entender cuál es la función de este tipo de órganos... Nosotros respetamos las posiciones de otros, pero no tenemos enfoques ni ambiguos ni de debilitamiento en modo alguno de este tipo de órganos”, apuntó la fuente.

Citada por la agencia EFE, Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, menciona que la propuesta de reforma supone un “retroceso” en protección de los derechos humanos. Otros organismos relacionan la arremetida de Ecuador contra la CIDH a la petición de medidas cautelares que esta le hizo al Estado en el 2012 a propósito de la condena a El Universo.

Ecuador también pide que únicamente de la OEA provenga el financiamiento de la CIDH, que en el 2011 tuvo un presupuesto de US$9,8 millones.

La Cancillería de Argentina anunció ayer en su sitio web, un día después de la visita de Patiño, que elevará su aporte anual a la CIDH a US$400.000. De ese modo busca la estabilidad del organismo y que este sea “el que pueda definir sin condicionamientos la asignación de sus recursos de la manera que sea más eficaz...”.

Patiño dijo que su homólogo argentino Héctor Timerman, coincide en fortalecer el financiamiento. En un comunicado, habló sobre la postura de que los estados sean quienes decidan cómo se distribuye el dinero de la CIDH.