La posibilidad de que estos hechos violentos puedan afectar a las inversiones extranjeras y la imagen exterior de uno de los países más tranquilos de América Latina preocupa a las autoridades.

Santiago de Chile. La actividad terrorista en Chile, que en los últimos días ha tenido episodios de una gravedad inédita, se ha transformado en un problema que acapara buena parte de la atención del gobierno de Michelle Bachelet, hasta ahora centrado en impulsar las reformas estructurales de su programa.

El atentado del pasado día 8 en una galería comercial del metro de Santiago, en el que resultaron heridas catorce personas, hizo sonar las alarmas en el Ejecutivo, que rápidamente anunció una serie de reformas legales y la atribución de más recursos a la Policía y el Ministerio Público.

El arresto diez días después de tres jóvenes a los que la Fiscalía acusa de cometer el atentado más grave desde el restablecimiento de la democracia dio cierta tranquilidad a las autoridades, que en las últimas semanas habían tenido que soportar duras críticas por la falta de resultados.

Hasta que se produjo esa detención, en una operación policial coordinada que implicó el despliegue de 200 agentes y un concienzudo trabajo de investigación previa, una treintena de bombas de fabricación casera habían estallado en la capital chilena, pero no había sospechosos.

Cuando el pasado martes un juez decretó el ingreso en prisión de dos de los acusados y el arresto domiciliario del tercero, el Gobierno se congratulo por la decisión, que consideró un hecho trascendental en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, dos días después un joven perdió la vida en un barrio del centro de Santiago al explotar una bomba de fabricación artesanal que al parecer estaba manipulando.

Ésta no es la primera vez que sucede algo así. En mayo de 2009 Mauricio Morales murió al explosionar la bomba con la que pretendía atacar la Escuela de Gendarmería y, dos años más tarde, otro joven anarquista, Luciano Pitronello, sufrió graves lesiones al estallar un artefacto de fabricación casera que manipulaba.

Pero en esta ocasión el suceso se produjo en medio de una situación especialmente delicada, como reconocen las propias autoridades.

Ayer mismo, en la sede de la ONU, la presidenta Bachelet hizo mención a los atentados que se han registrado en el país en las últimas semanas y que han motivado que las embajadas de varios países occidentales alertaran a sus connacionales sobre la situación.

"Chile es y seguirá siendo un país seguro y estable", aseguró la mandataria, quien a renglón seguido apuntó: "hemos enfrentado actos aislados de terrorismo que vamos a derrotar, porque actuaremos con decisión y porque son repudiados por toda la sociedad unida".

"Nuestro anhelo de paz es infinitamente más fuerte que la acción de pequeños grupos que no entienden el sentido profundo de la convivencia democrática ni el valor trascendente y universal de la vida humana", declaró la presidenta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La posibilidad de que estos hechos violentos puedan afectar a las inversiones extranjeras y la imagen exterior de uno de los países más tranquilos de América Latina preocupa a las autoridades, que niegan reiteradamente que en Chile esté surgiendo un brote terrorista e insisten en que se trata de sucesos aislados.

Para fortalecer la lucha antiterrorista, el gobierno ha decidido otorgar más medios materiales al Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Asimismo, ha anunciado la reforma de la ley antiterrorista, una norma muy cuestionada por los organismos internacionales, y de la ley de inteligencia nacional. Esto último inquieta a los sectores más de izquierda de la Nueva Mayoría, la coalición oficialista.

El trabajo encargado a un grupo de juristas y académicos expertos que asesoran en estas reformas legislativas estará listo en los próximos días.

Además, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, tiene previsto viajar este fin de semana a Madrid para conocer el trabajo de la Policía española en la desarticulación de grupos terroristas.

Respecto a la autoría de los atentados, las investigaciones apuntan a la actuación de grupúsculos antisistema, que se dicen inspirados en la ideología anarquista, con escasa preparación y que actúan de forma autónoma.

El pasado día 18, horas después de la operación policial que desembocó en el arresto de los tres presuntos terroristas, un grupo denominado Conspiración de las Células del Fuego se atribuyó la autoría de los dos atentados ocurridos en las estaciones del metro de Santiago en los últimos meses.

Según datos de la Fiscalía, en Chile hay una treintena de grupos antisistema que protagonizan acciones violentas, como la colocación de artefactos explosivos frente a comisarias, edificios públicos y sucursales bancarias.

Pero la virulencia de los últimos atentados, que han dejado un saldo de una persona muerta y catorce heridas, ha agravado la situación para un Gobierno que hasta ahora estaba preocupado fundamentalmente de impulsar la alicaída actividad económica y sacar adelante las reformas educativa y tributaria.