Según la ONG, países como Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de Derechos Humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos.

Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión. Eso es lo que han hecho países de América Latina como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses en el marco de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Según la ONG, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de Derechos Humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.

En su informe, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', Amnistía ha documentado cómo en estos tres países las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que ha vuelto a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos.

La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha denunciado que "cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva".

Hasta finales de agosto, según datos oficiales, las autoridades de Venezuela habían sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú, a las que procedieron a enviar a "centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos", según la ONG.

En el caso de El Salvador, para esas fechas el Gobierno del presidente Nayib Bukele tenía a más de 16.000 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19.

Por lo que se refiere a Paraguay, a finales de junio las autoridades también impusieron la cuarentena a unas 8.000 personas, que en su mayoría habían regresado al país tras perder su trabajo en el sector informal del vecino Brasil debido a las medidas de confinamiento adoptadas allí con motivo de la pandemia.

Condiciones del confinamiento. Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, realizó 14 entrevistas telefónicas y examinó decenas de leyes, políticas y protocolos sobre confinamiento y aplicación de cuarentenas obligatorias recientemente aprobados, documentos judiciales e informes de observadores y periodistas independientes.

En base a la información recabada por esta vía, ha concluido que la gente llevaba en cuarentena bastante más tiempo de los 14 días recomendados actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en algunos casos, más de un mes.

Además, las personas sometidas a cuarentena no tenían acceso suficiente a información sobre cuánto tiempo estarían recluidas ni sobre los criterios científicos aplicados en un momento dado para determinar su salida del aislamiento o confinamiento. Esto, según Amnistía, constituye una violación de su derecho a la información y del requisito de que toda medida de privación de libertad, aun cuando tenga la finalidad de proteger la salud pública, debe estar prevista en la ley y ser necesaria, proporcionada y de duración limitada.

Amnistía ha sostenido que las autoridades sólo deben poner a la población bajo custodia del Estado cuando hayan fracasado otras medidas menos invasivas, como la cuarentena voluntaria y las campañas de educación. Si imponen el cumplimiento de una cuarentena, deben proporcionar las condiciones adecuadas, proteger frente a violaciones de derechos humanos y garantizar que no se usa de forma discriminatoria contra comunidades específicas.

Amnistía denuncia la arbitrariedad. "Aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que su imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares", ha resaltado Guevara-Rosas.

"En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de Derechos Humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen", ha precisado.

En El Salvador, por ejemplo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril de que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un centro de contención, "lejos de sus familias, y en esos centros de cuarentena corren también el riesgo de contraer el virus". Esto indica, según la ONG, que la cuarentena se considera un castigo y que las autoridades son plenamente conscientes de que los centros carecen de las medidas adecuadas para prevenir contagios.

No obstante, según Amnistía, el "ejemplo más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado" llega de Venezuela. En este caso, quienes han regresado al país en los últimos meses fueron obligados a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena mientras altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro afirmaban que las que volvían de Colombia eran "armas biológicas" enviadas para infectar a la población venezolana y tmbién han tachado de "traidoras" a las personas que volvían.

Según la organización, este discurso, basado en las supuestas ideas políticas de quienes vuelven y su pretendida asociación deliberada con la COVID-19, sumado a la medida de cuarentena obligatoria en centros dirigidos por el Estado, "hace pensar que su privación de libertad es discriminatoria y arbitraria".

Peticiones a los Gobiernos. Así las cosas, ha pedido a los gobiernos que han recurrido a esta práctica que permitan de inmediato a organizaciones humanitarias y observadores independientes de Derechos Humanos el acceso a estos centros para que puedan comprobar si las condiciones, las garantías frente a malos tratos y la provisión de comida, agua y otros artículos se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y a las recomendaciones de la OMS sobre medidas de cuarentena.

Además, las autoridades deben evitar las detenciones indefinidas y garantizar que los periodos de aislamiento y cuarentena se limitan al mínimo necesario, y ofrecer información clara sobre la duración y el proceso de detención, ha reclamado.

"Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación", ha sostenido Guevara-Rosas. En cambio, ha concluido, "los enfoques basados en los Derechos Humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de los recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivos".