Después de eliminar el decreto que hizo estallar las movilizaciones y recibir una negativa del parlamento, el presidente Lenín Moreno tiene pocas salidas para enfrentar la crisis. Sigue sin contar con respaldo popular.
La última ola de movilizaciones sociales en Latinoamérica empezó el 3 de octubre, en Ecuador, cuando entró en vigor un decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles vigente desde hace 45 años.
A diferencia de las manifestaciones en Chile o Bolivia, las de Ecuador acabaron después de 11 días. El presidente de la república, Lenín Moreno, dio marcha atrás, abrió los canales de diálogo y se restableció la paz en el país. Deutsche Welle consultó a analistas ecuatorianos sobre las causas subyacentes del paro nacional en este país, así como sus consecuencias a nivel político y económico.
Las movilizaciones sociales en Ecuador estallaron tras el anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles, que se haría efectivo mediante el Decreto 883. El gremio de transportistas fue el primero en protestar por la medida, pero es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)la que lidera la convocatoria. El 80% de las protestas se concentraron en la región Sierra del país, en ciudades como Quito, Cuenca, y la provincia de Cotopaxi.
Para Adrián Bonilla, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, las movilizaciones tienen su trasfondo en las dinámicas de inequidad, pobreza y exclusión. A esto se suma un grave déficit fiscal y pocos medios de financiamiento. Al cierre del 2018 el déficit llegaba al 3% del PIB, según un informe del Ministerio de Finanzas de Ecuador. Actualmente este indicador se estima en 3.384 millones de dólares frente a un crecimiento económico proyectado para 2020 de apenas el 0,57% del PIB. El objetivo del Decreto era cubrir parte de la brecha fiscal y el endeudamiento público.
Uno de los problemas más graves, dice Bonilla, es la “erosión de la capacidad gubernamental de satisfacer a una población que tiene expectativas económicas”. Para Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, un laboratorio de ideas con sede en Washington D. C., estas expectativas están creciendo más rápido que el ingreso, más rápido que las ofertas en el mercado laboral, y ese es un problema que se refleja particularmente en los jóvenes: “Hay más jóvenes con títulos universitarios que ingresan al mercado laboral con la expectativa de encontrar un trabajo en el sector formal. No lo van a encontrar, dada la tasa de crecimiento económico. Esto genera el descontento que se vio reflejado entre los jóvenes quiteños que se adhirieron a las protestas del movimiento indígena”.
Las secuelas políticas y el nuevo rol del movimiento indígena. Los analistas concuerdan con que el gobierno de Moreno está muy debilitado. No tiene capacidad de movilización dentro de la sociedad ni el apoyo de las principales fuerzas políticas. Además tiene la amenaza latente de los líderes indígenas, que han repetido en declaraciones públicas que reactivarán las manifestaciones si no se atienden sus demandas, formalizadas a través del Parlamento de los Pueblos.
Después de que se derogara el Decreto 883, el ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con carácter de económico urgente. El primer proyecto fue negado por la Asamblea. En los días posteriores, el riesgo país de Ecuador llegó al nivel más alto desde 2016, al colocarse en 1418 puntos. El segundo, que se enfoca en reformas tributarias, está en análisis desde el jueves pasado (21.11.2019). “El parlamento está muy fragmentado y el gobierno no ha tenido la capacidad de asociar su proyecto a alguno de los mayores partidos políticos”, comenta Bonilla.
El diálogo que se planteó al final del paro nacional, el 13 de octubre, también está estancado, según el académico de FLACSO. Para Calderón el escenario es incluso más desalentador: “Mientras continúen las amenazas y sigan impunes los hechos más graves de esos doce días de octubre, no habrá un entorno propicio para el diálogo. Y sin ese entorno, la paz es momentánea”.
La investigadora del Cato también percibe una radicalización en líderes indígenas como Jaime Vargas y Leonidas Iza, presidentes de la CONAIE y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi respectivamente. Aunque sus demandas son legítimas, señala, ellos han recurrido a la amenaza y la fuerza en un país donde se ha restaurado el sistema de pesos y contrapesos que son propios de una democracia liberal. Además, están ignorando el sistema de partidos y el proceso político a través del cual podrían canalizar muchos de sus reclamos y propuestas.
El movimiento indígena es muy heterogéneo, explica Bonilla: “No hay una sola política indígena ni una sola línea de conducta. Lo que dicen los dirigentes no perdura porque se contradicen y corrigen constantemente”.
La Comisión Parlamentaria que investiga los hechos del paro nacional recibió a cerca de 70 actores sociales y políticos, funcionarios, víctimas de la violencia, empresarios afectados, policías, ministros, dirigentes indígenas, durante las primeras semanas de noviembre. Todavía se espera su informe. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace su propia investigación
La Asamblea Nacional vota en contra del proyecto de reforma económica enviado por el presidente.
Nuevas perspectivas. El gobierno central no tiene recursos suficientes para invertir en infraestructura pública ni para realizar los procesos de concesión que liberarían de obligaciones al fisco. Es por ello que en algunos círculos se discuten propuestas de decentralización a través de la derivación de competencias a los gobiernos locales.
“La descentralización podría aportar agilidad, reducir las oportunidades de corrupción, y no sería necesario hacer una nueva constitución. Los ecuatorianos deberíamos haber aprendido que eso de cambiar la constitución –vamos por la número 21– no sirve para mucho. Yo creo en cambios puntuales y graduales”, comenta Calderón.
