A diferencia de varios de sus vecinos, Paraguay no tiene una ley contra toda clase de discriminación ni normativa sobre identidad de género y tampoco reconoce las uniones entre personas del mismo sexo.
Asunción. Cuando el Congreso de Paraguay rindió homenaje el año pasado a la película más premiada en la historia de la cinematografía local, varios legisladores se retiraron de la sala y una senadora acusó a las protagonistas de ser una "partida de lesbianas" que atentan contra los derechos de la familia.
Esta reacción frente al filme "Las Herederas", que trata sobre una pareja de mujeres de clase alta en crisis y recibió premios en festivales internacionales -incluyendo el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín-, es un ejemplo de algunas de las dificultades que enfrenta la comunidad LGBT en uno de los países más conservadores de la región.
A diferencia de varios de sus vecinos, Paraguay no tiene una ley contra toda clase de discriminación ni normativa sobre identidad de género y tampoco reconoce las uniones entre personas del mismo sexo. El aborto solo está permitido cuando la vida de la mujer corre peligro a pesar de que cientos de niñas se convierten en madres cada año.
Semanas atrás, el Ministerio de Educación sacó de circulación una guía sobre educación sexual para docentes y el Senado se declaró "pro vida y pro familia" luego de iniciar el período anual de sesiones con una oración en un Estado que se reconoce como laico y aconfesional.
"Los derechos de las personas LGBTI en este momento sufren una especie de retroceso", dijo a Reuters Carolina Robledo, presidenta del grupo por los derechos de las lesbianas Aireana.
"En este momento recibimos (...) muchos ataques de la gente porque en un Gobierno que es de derecha y que es conservador, la gente se siente como cómoda y avalada también a querer decir lo que quiera decir, de maltratar si quiere maltratarte", agregó.
Aireana recibe denuncias principalmente de violencia intrafamiliar contra adolescentes y jóvenes lesbianas, y de madres que son amenazadas con perder la tenencia de sus hijos por tener una pareja mujer.
También impulsó una campaña para que las lesbianas privadas de libertad puedan recibir visitas conyugales, algo que hasta el momento tienen prohibido porque el Estado no reconoce ese tipo de unión.
"El contexto y la lógica del Estado para con la población LGBT es la misma lógica que tenían en la dictadura, es exactamente el mismo tipo de política", dijo Simón Cazal, director ejecutivo de la organización SomosGay, refiriéndose al régimen que gobernó con mano dura el país durante 35 años hasta 1989.
"Los putos no existen en Paraguay, esa es la frase que resume la visión que el Estado paraguayo tiene sobre la población que no es heterosexual", agregó.
Uno de los episodios homofóbicos más significativos de la historia paraguaya se produjo en 1959 durante la dictadura de Alfredo Stroessner a raíz del asesinato de un conocido locutor, que desató una redada contra la comunidad gay.
El régimen detuvo a 108 personas "de dudosa conducta moral" que fueron sometidas al escarnio público. El número 108 quedó asociado desde entonces de manera peyorativa a la homosexualidad y fue eliminado hasta hoy de las chapas de los automóviles, los números telefónicos y los números que identifican a las casas.
El presidente Mario Abdo pertenece al derechista Partido Colorado que gobernó junto a Stroessner y es hijo de quien fue secretario privado del general.
En su gabinete hay dos líderes evangélicos, uno de los sectores religiosos que más rechaza iniciativas vinculadas con la comunidad LGBT y la educación sexual.
"Yo no puedo enseñar a un niño una posición sexual para que tenga un mayor placer y eso en otros países de la región lo están haciendo", dijo uno de ellos, el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, a la plataforma digital Latitud 25, hablando sobre el debate que generó la prohibión de la guía de educación sexual para docentes.
Países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Uruguay tienen leyes específicas sobre educación sexual mientras otros han incorporado acciones más acotadas. El Fondo de Población de Naciones Unidas considera que la educación sexual integral es clave para la salud y el bienestar de los adolescentes y jóvenes.
SomosGay asegura además que tiene registro de la existencia de dos "centros de rehabilitación" clandestinos "para curar la homosexualidad", uno en la inhóspita región del Chaco y otro en las afueras de Asunción.
Reuters no pudo comprobar de manera independiente la existencia de estos centros pero la senadora opositora María Eugenia Bajac, autora del proyecto para declarar al senado "pro vida y pro familia", dijo que estaría "encantada" de contar con establecimientos de este tipo en el país.
"Son seres humanos dañados en su identidad", aseguró a Reuters.
"Debemos tratar esa desviación, o esa inclinación o esa tendencia, o ese estilo, elección sexual, que la gente pudiere tener (...) se puede curar, con más razón si vino inclinado volver a que sea recto y a que tenga la identidad correcta un ser humano", dijo.
Las organizaciones locales analizan lo que consideran un retroceso en sus derechos en medio de un contexto regional más conservador, con líderes como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha hecho comentarios ofensivos sobre las minorías sexuales. También lo atribuyen a la enorme influencia de la Iglesia Católica sobre el Estado, especialmente en el sector de la educación.
Asesinatos trans. Uno de los grupos más vulnerables en la comunidad LGBT paraguaya es el de las personas trans. La organización Panambí tiene documentados cientos de casos de violencia -muchas de parte de agentes del orden- y 61 asesinatos en las últimas tres décadas.
"Somos olvidadas de parte del Estado en vida ya que nos han negado por completo los derechos y después de muertas nuevamente porque los casos de los asesinatos quedan impunes", dijo Mariana Sepúlveda, secretaria general de Panambí.
El grupo reclama políticas públicas en educación, salud y empleo, ya que el 90% de la población trans ejerce trabajo sexual y casi un 30% está infectada con VIH. "La mal llamada democracia en Paraguay sigue teniendo una deuda enorme con nosotras", aseguró Marie García, también miembro de la organización trans.
La dirección de Derechos Humanos del ministerio de Justicia considera que existen avances en proyectos para visibilizar y proteger las minorías, a pesar de que persisten desafíos.
"Hay no solo documentos, sino iniciativas puntuales de protección", dijo su directora, María José Méndez, quien mencionó como ejemplo una resolución del 2016 que obliga a los funcionarios de los servicios de salud a identificar a las personas trans con su nombre social.
"Hay una mirada más integradora que 10 años atrás no había, entonces, realmente, para mí sí hubo avances significativos", agregó.
Pero las organizaciones creen que hace falta mucho más.
"Lo primero que para nosotros es fundamental es que el Estado abandone la persecución. El Estado tiene que dejar de perseguirle a las personas por su sexualidad", dijo Cazal.
"Estamos en un periodo donde necesitamos resistir y articularnos entre todas las organizaciones que trabajamos con derechos humanos", sostuvo Robledo. "Es un momento de resistencia de todos".
