La Corte ratificó también las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de presentación periódica ante la justicia local de María Alejandra Vicuña, además de declarar la prohibición de enajenar un bien inmueble de su propiedad valuado en unos US$300.000.

Quito. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador fijó para el próximo 1 de julio el inicio del juicio penal contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña (2017-2018), quien enfrenta un proceso por presunta concusión.

La fecha consta en la resolución del caso divulgada este miércoles por la CNJ, que a su vez integró un tribunal con tres jueces para tramitar el juicio.

El tribunal lo conforman los jueces Marco Rodríguez, Luis Enríquez y Daniella Camacho, según un sorteo realizado el pasado 4 de junio, y se prevé que 70 personas comparezcan a rendir testimonio durante el desarrollo de la diligencia judicial.

El pasado 21 de mayo, el juez nacional Iván Saquicela decidió llamar a juicio penal a Vicuña, al acoger una solicitud de la Fiscalía que emitió un dictamen acusatorio en contra de la ex vicepresidenta como presunta autora del delito.

El juez Saquicela ratificó también las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de presentación periódica ante la justicia local de Vicuña, además de declarar la prohibición de enajenar un bien inmueble de su propiedad valuado en unos US$300.000.

Según la Fiscalía, la ex vicepresidenta habría recibido dinero de forma irregular por parte de ex colaboradores para el financiamiento de su organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), cuando se desempeñaba como legisladora en la Asamblea Nacional (Congreso).

Vicuña, quien fue asambleísta en dos ocasiones (2009-2013 y 2013-2017), fue acusada por su ex asesor Angel Sagbay, quien denunció que la ex vicepresidenta le habría pedido colaboraciones económicas para mantenerlo en el cargo y que ese aporte era una "contribución obligatoria" para el movimiento ABA.

La Fiscalía agregó que entre las pruebas de convicción presentadas al juez consta un informe pericial contable y financiero, del cual se desprende que los movimientos en las cuentas bancarias de la ex vicepresidenta alcanzaron los US$590.000, cifra que no coincide con lo declarado ante el Servicio de Rentas Internas.

Añadió que esta pericia también determina que no se puede identificar que el dinero que ingresó a las cuentas de la ex vicepresidenta como aportes supuestamente voluntarios de sus colaboradores haya sido utilizado para ABA.

De acuerdo con la Fiscalía, el movimiento ABA no es una organización legalmente constituida ni registrada o calificada por el Consejo Nacional Electoral, y tampoco lleva contabilidad, ni tiene Registro Unico de Contribuyentes.

El caso estalló en octubre de 2018 a raíz de la denuncia de Sagbay, por lo que la Fiscalía abrió una indagación previa.

La ex vicepresidenta admitió haber recibido depósitos de su ex colaborador en su cuenta bancaria personal, pero ha negado que dichos aportes hayan sido obligados.

En su momento, Vicuña argumentó que la denuncia es parte de una supuesta trama de extorsión y de una campaña de desprestigio del gobierno.